En un intenso debate legal, la familia Franco se ha pronunciado enérgicamente sobre su posesión de la Casa Cornide de A Coruña. Alegan ser los «propietarios de buena fe» de este emblemático inmueble, y rechazan los intentos del Ayuntamiento de A Coruña por revocar los acuerdos que llevaron a su adquisición hace más de 60 años. Este escrito de alegaciones presenta una visión detallada de la posición de los Franco y las implicaciones jurídicas de este prolongado conflicto.
La familia Franco sostiene que el transcurso de más de medio siglo sin que el Ayuntamiento reclamara la propiedad les ha permitido adquirir derechos legítimos sobre la Casa Cornide. Consideran que la actual revisión de oficio de los acuerdos plenarios de 1962 no obedece a otro motivo que a un «evidente oportunismo político». Además, argumentan que no existe un perjuicio real para el Ayuntamiento que justifique esta acción, y reiteran que la propiedad habría sido adquirida por prescripción adquisitiva.
LA PROPIEDAD DE BUENA FE Y LA USUCAPIÓN
La familia Franco defiende firmemente su posición como «propietarios de buena fe» de la Casa Cornide. Alegan que han utilizado el inmueble de forma «pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños» durante más de 62 años, y que este prolongado uso sin reclamación alguna por parte del Ayuntamiento les ha permitido adquirir derechos de propiedad por usucapión o prescripción adquisitiva.
Además, invocan un auto de la Audiencia Provincial de A Coruña con respecto al Pazo de Meirás, en el que se establece que «la mala fe no se traslada a los herederos necesariamente». De esta manera, buscan reforzar su argumento de que la propiedad del inmueble fue adquirida legítimamente, a pesar del cuestionamiento de los acuerdos de 1962.
Los Franco también alegan que el Ayuntamiento de A Coruña ha sido «consciente y voluntariamente» omiso durante más de medio siglo, difiriendo «sus posibilidades de reacción» ante estos acuerdos que ahora busca anular. Según ellos, este prolongado silencio del consistorio solo puede interpretarse como un «evidente oportunismo político» en la actualidad.
EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA CASA CORNIDE
La familia Franco niega categóricamente que la Casa Cornide haya tenido el carácter de propiedad pública que se le atribuye. Afirman que, si bien fue inicialmente adquirida por el Estado para ser destinada a la actividad de un conservatorio de música, la realidad es que «nunca se destinó a tal fin» ni a ningún «servicio público».
Por el contrario, arguyen que el inmueble fue simplemente permutado y posteriormente subastado, sin que el Ayuntamiento haya ostentado la propiedad de forma permanente. Rechazan, por lo tanto, la noción de que la Casa Cornide haya sido sede municipal en el siglo XIX, y exigen al Ayuntamiento que aporte la «prueba correspondiente» para respaldar dicha afirmación.
Además, los Franco señalan que el inmueble actual no está constituido exclusivamente por el edificio subastado, sino que Carmen Polo, posteriormente, «adquirió otra parcela contigua» que también fue anexionada. Por lo tanto, alegan que, en caso de perder la propiedad, el Ayuntamiento «no solo debería indemnizarles por la pérdida de dicha propiedad, sino también de dicha parcela adquirida con posterioridad».
IMPLICACIONES JURÍDICAS Y PROCESALES
Desde el punto de vista jurídico, la familia Franco considera que el proceso de revisión de oficio de los acuerdos plenarios de 1962 es nulo, ya que «no se ha emplazado a todos los interesados», en particular a los herederos de Pedro Barrié de la Maza, a quienes se debe «conceder trámite de audiencia».
Asimismo, sostienen que no existe «ningún perjuicio para el Ayuntamiento» que justifique esta revisión, y que el consistorio «realmente lo que pretende es incorporar al patrimonio municipal un inmueble que únicamente estuvo en su poder apenas un mes» y «de forma instrumental» para dar paso a su subasta.
En resumen, la familia Franco se ha presentado como una parte firme y determinada en este conflicto, dispuesta a defender sus derechos de propiedad sobre la emblemática Casa Cornide de A Coruña. A través de sus alegaciones, han logrado exponer con detalle sus argumentos jurídicos, cuestionando la legitimidad de la revisión de oficio y resaltando lo que consideran un «evidente oportunismo político» por parte del Ayuntamiento. Esta batalla legal promete prolongarse y requerirá una cuidadosa evaluación de las implicaciones jurídicas y patrimoniales en juego.
