En los últimos años, la cuestión de la protección a la infancia ha cobrado gran relevancia en el panorama político español. El contexto actual, marcado por la llegada de menores migrantes no acompañados, ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas efectivas que garanticen sus derechos y bienestar. La reciente propuesta de reforma de la Ley de Extranjería se ha convertido en un tema de debate intenso en el Congreso, donde las posturas de los diferentes partidos reflejan la complejidad de la situación.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado su confianza en que se alcance un consenso para la tramitación de estas reformas. La modificación presentada no solo busca un cambio legislativo, sino que también aspira a crear un marco que asegure que ningún menor quede atrás, promoviendo un enfoque solidario que involucre a todas las comunidades autónomas. Este objetivo se convierte en un imperativo ético, especialmente en un país que se considera una potencia económica de la Unión Europea.
LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y SU IMPACTO EN LOS MENORES
La propuesta de reforma de la Ley de Extranjería tiene como finalidad establecer un mecanismo de distribución para los menores migrantes no acompañados, lo que se vuelve esencial en momentos de colapso en las comunidades autónomas receptoras. La ministra Rego ha defendido que la protección de la infancia no puede ser un acto voluntario, sino que debe estar estipulada en la legislación. Este enfoque busca dignificar la vida de los menores, alejándolos de conceptos que puedan deshumanizarlos como el acrónimo ‘MENA’.
El contexto actual demanda que el Estado implemente políticas que no solo respondan a la emergencia humanitaria, sino que ofrezcan respuestas estables y sostenibles. A través de la modificación del artículo 35, se plantea un reparto equitativo de la carga que enfrentan las comunidades que superan el 150% de su capacidad de acogida. Este enfoque no solo busca resolver problemas inmediatos, sino también crear un sistema más robusto y humano.
El rechazo de parte del Partido Popular a colaborar en la tramitación provoca preocupación sobre la capacidad del Gobierno para avanzar. Sin embargo, Rego mantiene la esperanza de que otros grupos parlamentarios puedan contribuir a un acuerdo que beneficie a los menores. En un momento donde las decisiones políticas pueden tener un impacto directo en la vida de miles de niños y adolescentes, se hace urgente generar un ambiente de cooperación y entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas.
EL RIESGO DE POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA
A pesar de ser la cuarta economía de la Unión Europea, España enfrenta un alarmante riesgo de pobreza infantil, que afecta al 34,5% de los niños en el país. Este hecho pone de relieve la dicotomía entre el crecimiento económico y la inversión en políticas de apoyo a la infancia. La ministra ha señalado que la inversión en este ámbito representa solo el 1,5% del PIB, cifra que contrasta fuertemente con la media europea.
Para abordar esta situación, Rego aboga por cerrar la brecha de inversión y elevar el porcentaje destinado a la infancia al menos al 2,4% del PIB. La inversión en infancia no solo es un imperativo ético, sino que también se traduce en beneficios a largo plazo para la sociedad en su conjunto. Cada inversión realizada en la infancia es una inversión en el futuro, que mejorará las condiciones de vida de las próximas generaciones.
La necesidad de un Ministerio de Juventud e Infancia y un enfoque más sólido en las políticas públicas es cada vez más urgente. La ministra ha enfatizado que son necesarios más recursos y una distribución equitativa de los mismos para atender las necesidades de los más vulnerables. Esto requiere una determinación clara por parte del Gobierno y de los partidos políticos para priorizar la infancia en la agenda política.
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA INFANCIA EN ESPAÑA
La situación actual ofrece una oportunidad única para replantear la forma en que el país aborda la cuestión de la infancia. A través de un enfoque proactivo y solidario, puede crearse un marco que garantice los derechos de los menores y les ofrezca las herramientas necesarias para prosperar en un entorno seguro. La modificación de la Ley de Extranjería y la inversión en políticas sociales deben ser vistos como parte de un todo que busca optimizar el bienestar general.
En un contexto donde la voluntad política es crucial, resulta fundamental que todos los actores involucrados trabajen en conjunto. La potencial creación de un sistema que aborde la pobreza infantil y garantice una protección efectiva para los menores podría cambiar radicalmente las perspectivas de miles de niños en España. No solo se trata de brindar ayudas temporales, sino de construir cimientos sólidos que posibiliten un futuro más esperanzador.
El compromiso de la sociedad, de sus instituciones y de todos los actores políticos es esencial para que esta visión se convierta en una realidad tangible. La infancia debe ser priorizada, no solo como un reto, sino como una responsabilidad colectiva que permitirá forjar un futuro más equitativo y próspero. Al final, el bienestar de los menores refleja la salud de nuestra democracia y de nuestra sociedad.
