La aprobación de estas dos leyes básicas para bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales representa un hito importante en la regulación de estas profesiones fundamentales para la protección del medio ambiente en España. Estas normas establecen por primera vez un marco jurídico a nivel nacional que asegura condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país, lo que pone fin a las desigualdades existentes hasta el momento debido a la regulación realizada por las distintas comunidades autónomas.
La Cámara Baja ha dado luz verde a estas dos iniciativas con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque con la abstención del PP, Vox y UPN. Estas leyes continuarán su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva, lo que supondrá un avance significativo en la protección del medio natural y rural de nuestro país.
RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES
La Ley de Bomberos Forestales regula con carácter básico las condiciones de los más de 20.000 profesionales que conforman este colectivo, estableciendo su reconocimiento legal expreso a nivel nacional. Además, define con claridad sus funciones, que van más allá de la mera extinción de incendios, incluyendo también tareas de prevención, detección, vigilancia, información a la población y apoyo a las contingencias en el medio natural y rural.
Por otro lado, la Ley de Agentes Forestales y Medioambientales unifica las funciones que desarrollan estos aproximadamente 6.000 funcionarios, reforzando su consideración como policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico. Además, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad.
Ambas leyes incluyen mejoras significativas, como la extensión de la aplicación de los coeficientes de edad de jubilación anticipada, la definición más clara de su vínculo con las emergencias y la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil. Asimismo, se toman medidas en materia de igualdad de género y se garantiza la defensa de un modelo de gestión público de estos dispositivos.
DESIGUALDADES HISTÓRICAS Y RETOS PENDIENTES
Hasta ahora, la regulación de estas profesiones se había realizado de manera desigual por parte de las comunidades autónomas, lo que había provocado diferencias en las condiciones laborales y profesionales de estos colectivos fundamentales para la protección del medio ambiente.
Sin embargo, a pesar de los avances introducidos en estas leyes, algunas organizaciones sindicales como la CSIF han reclamado una mayor definición en aspectos como la adaptación de puestos de trabajo ante posibles limitaciones de salud, una mayor regulación de las empresas que puedan contratar estos servicios, las modalidades de contratación y la necesidad de crear un reglamento específico en materia de prevención de riesgos laborales.
Queda, por tanto, un camino por recorrer para consolidar un marco jurídico que garantice condiciones laborales dignas y seguridad a estos profesionales clave para la conservación de nuestro medio natural y rural.
