La directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional para abordar la reforma de la ley del Mar Menor. En su intervención, Corbalán ha insistido en que el problema del estado de la laguna salada son las «aguas residuales de origen urbano«. Según la experta, la ley actual supone un «fracaso porque parte de un diagnóstico erróneo«, ya que se focaliza en culpar a la agricultura y la ganadería, cuando en realidad las administraciones públicas son las que incumplen la ley.
Corbalán ha planteado una solución holística y completa para abordar la problemática del Mar Menor, la cual se basa en un «anillo protector ambiental» que contemple el control de las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, ha instado a que se lleven a cabo las infraestructuras imprescindibles para solucionar el problema.
La Responsabilidad de las Administraciones Públicas
Según Corbalán, la agricultura y la ganadería son los únicos sectores que cumplen con la ley, mientras que las administraciones públicas son las que la incumplen. La directora de la Fundación Ingenio considera que el origen del problema del Mar Menor se encuentra en las «aguas residuales de origen urbano«, algo que está «en todas las evidencias técnicas y científicas«.
La experta ha criticado que la ley actual se «focaliza exclusivamente en un culpable que no lo es tal«, refiriéndose a la agricultura y la ganadería. Por el contrario, Corbalán sostiene que es necesario incorporar a la ley medidas que refuercen el control y la protección del Mar Menor frente a las aguas residuales de origen urbano.
Inversiones y Actuaciones de la Administración
Durante la comparecencia, también intervino el director general del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Sandoval, quien señaló que se depuran anualmente más de 24 millones de metros cúbicos de agua residual, lo que «permite asegurar que, a día de hoy, el impacto de las aguas residuales de origen urbano en el estado ecológico del Mar Menor sea insignificante».
Sandoval recordó que el Gobierno regional ha invertido más de 476 millones en actuaciones en sistemas de retención de aguas de tormentas de las estaciones depuradoras de aguas residuales, así como en sistemas de tratamiento cuaternarios. Según el director general, «no se requiere de regulación adicional, sino de esfuerzos inversores por parte de todas las administraciones» para cumplir con la normativa vigente.
Además, Sandoval considera que hay que poner en valor las inversiones que ha hecho la Dirección General del Agua para la tecnificación de la agricultura en el Campo de Cartagena, «y propiciar, desde las administraciones, que las explotaciones agrícolas sostenibles contribuyan a la recuperación del Mar Menor».