El convenio firmado este martes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña marca un momento trascendental en la evolución de las relaciones entre ambas administraciones. La decisión de que Cataluña asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a partir de los próximos nueve meses, según lo acordado, representa un paso significativo en la descentralización de políticas sociales clave.
La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que este traspaso de competencias se produce con «total normalidad», subrayando la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para erradicar la pobreza. Por su parte, el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha calificado esta asunción de la gestión como una «larga reivindicación» de la comunidad autónoma y del sector social catalán.
La colaboración entre administraciones, clave en la lucha contra la pobreza
La transferencia de la gestión del IMV a Cataluña supone un hito en la relación entre el Gobierno central y el Ejecutivo catalán. Saiz ha remarcado que este traspaso se produce con «total normalidad», lo que denota un espíritu de cooperación entre ambas administraciones.
Campuzano, por su parte, ha enfatizado que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Cataluña y el IMV serán dos prestaciones diferenciadas, pero que la solicitud de ambas se realizará a través de una «ventanilla única». Esta integración de los sistemas de ayuda social evidencia una voluntad de optimizar la eficacia en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil.
Además, el convenio establece una compensación económica a la Generalitat por la gestión del IMV, lo que demuestra un compromiso por parte del Gobierno central de dotar a la comunidad autónoma de los recursos necesarios para llevar a cabo esta importante tarea.
La asunción de la gestión del IMV, una reivindicación histórica de Cataluña
Campuzano ha resaltado que la asunción de la gestión del IMV por parte de la Generalitat es una «larga reivindicación» de la comunidad autónoma y del sector social catalán. Esta decisión se enmarca en un proceso de descentralización de políticas sociales que ha visto avances significativos en otras comunidades autónomas, como Euskadi y Navarra, que ya han asumido la gestión de esta prestación.
La importancia de este traspaso de competencias radica en la posibilidad de adaptar mejor las políticas de bienestar social a las necesidades específicas de la ciudadanía catalana. Campuzano ha destacado que la Generalitat aplicará el mismo mecanismo de la RGC al IMV, lo que permitirá una mayor integración y eficiencia en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Cabe destacar que el IMV atiende a un considerable número de hogares y beneficiarios en Cataluña, con un alto porcentaje de menores entre los perceptores. La asunción de esta gestión por parte de la Generalitat supone, por tanto, un importante avance en la capacidad de la comunidad autónoma para diseñar e implementar políticas sociales más ajustadas a las realidades y demandas de la población catalana.
En resumen, la firma del convenio entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital representa un hito en la colaboración entre administraciones y en la reivindicación histórica de Cataluña por asumir un mayor protagonismo en el diseño e implementación de políticas sociales clave. Este acuerdo abre la puerta a una nueva etapa de cooperación y de adaptación de las prestaciones a las necesidades específicas de la ciudadanía catalana.
