La decisión judicial de amnistiar a cuatro miembros del CDR que intentaron boicotear la Vuelta Ciclista a España en 2023 ha generado un importante debate en torno a los límites de la protesta política y la aplicación de la reciente Ley de Amnistía.
El caso se remonta al 28 de agosto de 2023, cuando estos cuatro individuos, pertenecientes al CDR de Vic (Barcelona), fueron investigados por su intento de verter 200 litros de aceite en el trazado de la carrera ciclista a su paso por Santa Susanna de Riner (Lleida). Según la información consultada, tenían un mecanismo de control remoto que incluía un tubo de PVC conectado a la entrada de un túnel, con la intención de provocar un grave accidente en el kilómetro 72 de la C55.
La Fiscalía y el Juez discrepan sobre la calificación de los hechos
Si bien la Fiscalía calificó los hechos como una tentativa de delito, el instructor del caso discrepaba de esta valoración. El juez consideraba que se trataba únicamente de actos preparatorios, ya que la policía había descubierto el dispositivo el 25 de agosto y, finalmente, éste no llegó a ser activado.
La Ley de Amnistía como base para el archivo de la causa
Ante esta discrepancia, el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción de Solsona ha decidido archivar la causa en aplicación de la Ley de Amnistía recientemente aprobada. Esta decisión ha suscitado reacciones encontradas entre quienes defienden el derecho a la protesta y quienes consideran que se trata de un delito grave que no debería quedar impune.
El debate sobre los límites de la acción política y la seguridad vial seguirá abierto, mientras que los cuatro miembros del CDR implicados en este intento de boicot a la Vuelta Ciclista a España han sido finalmente amnistiados y exonerados de cualquier responsabilidad penal.
