El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing ha aceptado declararse culpable de fraude como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionado con dos accidentes mortales de su modelo 737 MAX.
Este acuerdo, conocido a través de un expediente judicial divulgado el miércoles, se produce tras la conclusión de los fiscales de que Boeing incumplió un pacto previo sobre estas tragedias, una en Etiopía y otra en Indonesia, que causaron la muerte de 346 personas hace más de cinco años.
El acuerdo de culpabilidad, que aún requiere la aprobación de un juez federal, incluye un pago adicional de 243,6 millones de dólares, sumándose a una multa anterior del mismo monto.
Este pacto sigue a la revelación en mayo por parte del Departamento de Justicia de que Boeing no había mejorado su programa de cumplimiento y ética, violando un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) establecido en 2021 tras los accidentes del 737 MAX.
Según los documentos judiciales, Boeing no diseñó, aplicó ni hizo cumplir adecuadamente un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar violaciones de las leyes de fraude de Estados Unidos en todas sus operaciones.
El acuerdo de culpabilidad obliga a Boeing a cumplir con tres años de «libertad condicional organizativa», incluyendo la supervisión de un supervisor independiente y la inversión de al menos 455 millones de dólares en programas de calidad y seguridad.
Las familias de las víctimas de los accidentes se han opuesto al pacto, argumentando que concede a Boeing privilegios que otros acusados de delitos penales no recibirían.
Como parte del acuerdo, el consejo de administración de Boeing deberá reunirse con los familiares de las víctimas de los accidentes ocurridos en 2018 y 2019. Sin embargo, estas familias han manifestado su intención de pedir al tribunal que rechace el pacto, calificándolo de «engañoso y ofensivo».
El DPA original, anunciado en enero de 2021, surgió de acusaciones de que Boeing engañó deliberadamente a los reguladores de aviación estadounidenses, y obligaba a la empresa a pagar 2.500 millones de dólares en multas y restituciones a cambio de inmunidad penal. Este periodo de prueba de tres años debía expirar en 2024.
No obstante, en enero, Boeing enfrentó otra crisis cuando un 737 MAX de Alaska Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras perder un panel del fuselaje en pleno vuelo.
Este incidente provocó una nueva ola de escrutinio sobre las prácticas de fabricación y seguridad de Boeing, resultando en la apertura de investigaciones formales por parte de los reguladores y el Congreso de Estados Unidos.
En una carta enviada el 14 de mayo al tribunal supervisando el «Caso MAX», los funcionarios del Departamento de Justicia indicaron que Boeing había incumplido sus obligaciones, lo que ha llevado a la firma de este nuevo acuerdo de culpabilidad.
