La Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, aprobada en junio de 2021, supuso un importante avance en el reconocimiento y protección de los derechos de este colectivo. Sin embargo, tres años después de su entrada en vigor, el sistema judicial se enfrenta a importantes retos para adaptar completamente sus prácticas a los cambios introducidos por esta normativa.
Según el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), los juzgados acumulan actualmente más de 100.000 casos pendientes de revisión para adaptarse a los preceptos de la ley. Esta situación pone de manifiesto la complejidad del proceso de implementación y la necesidad de reforzar los recursos destinados a la Justicia para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.
ELIMINACIÓN DE LA INCAPACITACIÓN Y NUEVAS FIGURAS DE APOYO
Una de las principales novedades introducidas por la ley es la eliminación de las declaraciones judiciales de incapacidad y las modificaciones judiciales de capacidad. Estos mecanismos, considerados incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad, han sido reemplazados por nuevas figuras de apoyo, como el asistente y el curador.
Estos nuevos roles tienen como objetivo proporcionar el apoyo necesario a las personas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones, en lugar de ser reemplazadas en este proceso. De esta manera, se busca respetar la autonomía y el ejercicio de la capacidad jurídica de este colectivo.
Asimismo, la ley elimina la tutela en el ámbito de la discapacidad, lo que supone un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
A pesar de los importantes cambios introducidos por la ley, su implementación práctica enfrenta diversos desafíos. Según el CEDDD, el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado al Gobierno ampliar hasta 2029 el plazo establecido legalmente para revisar todas las medidas adoptadas en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Esta solicitud evidencia la complejidad del proceso de adaptación del sistema judicial a los nuevos preceptos legales. De hecho, a finales de 2023, aún quedaban más de 108.000 casos pendientes de revisión en los juzgados de primera instancia y otros juzgados especializados.
Sin medidas de refuerzo, se estima que serían necesarios 4,9 años adicionales para concluir las revisiones, mientras que con medidas de refuerzo, el tiempo se reduciría a 3,7 años. Estas cifras demuestran la necesidad de dotar a la Justicia de los recursos necesarios para garantizar la efectiva entrada en vigor de la ley y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
AVANCES SIGNIFICATIVOS, PERO CON RETOS PENDIENTES
La Ley de Apoyo a Personas con Discapacidad ha supuesto un importante paso adelante en el reconocimiento y protección de los derechos de este colectivo. La eliminación de la incapacitación y la introducción de nuevas figuras de apoyo representan avances significativos en la promoción de la autonomía y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Sin embargo, la acumulación de más de 100.000 casos pendientes de revisión en los juzgados y la necesidad de ampliar el plazo de implementación de la ley evidencian los retos que aún quedan por resolver. Es fundamental que el Gobierno dote a la Justicia de los recursos necesarios para garantizar una implementación efectiva y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad.
Solo así podremos asegurar que los avances logrados a través de esta ley se traduzcan en una mejora real y tangible de la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en España.
