La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) ha expresado su preocupación ante la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 planteada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Según la patronal, esta medida podría amenazar la viabilidad de más de la mitad de los más de 2.400 Centros Especiales de Empleo existentes en el país.
Estos Centros Especiales de Empleo, que cuentan con plantillas integradas en su mayoría por personas con discapacidad, podrían verse especialmente vulnerables ante esta reducción de la jornada laboral. Conacee ha recalcado que el actual convenio colectivo de Centros Especiales de Empleo ya contempla una jornada reducida y otras particularidades para adaptar las condiciones laborales a las necesidades de estos profesionales.
EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
Conacee ha señalado que los Centros Especiales de Empleo generan un empleo estable y competitivo para más de 100.000 personas con algún tipo de discapacidad a través de los 2.400 centros, la mayoría pymes. Sin embargo, la patronal considera que la propuesta de reducción de la jornada laboral «no se está teniendo en cuenta la realidad de una parte importante del tejido empresarial español».
Ante esta situación, Conacee ha apelado a la mesa de diálogo de la reducción de la jornada laboral para acordar medidas que permitan mitigar los impactos negativos que la nueva normativa ocasionará en el sector. La patronal destaca que un porcentaje muy importante de los centros que representa basan su actividad en un modelo de gestión indirecta de servicios de titularidad pública que está regulado por la Ley de Desindexación.
LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Según Conacee, la Ley de Desindexación no permite actualizar los precios de los contratos públicos según el incremento de costes ajenos a la gestión, como sería el caso de esta norma de reducción de la jornada laboral. Esto, a su vez, «aboca a las entidades adjudicatarias a una difícil situación que pone en riesgo su sostenibilidad».
La patronal considera que las medidas planteadas desde el Ministerio de Trabajo suponen «una intromisión en la negociación colectiva» y pide que cualquier cambio se realice con el consenso de los agentes implicados para encontrar «soluciones viables» que permitan preservar la viabilidad de los Centros Especiales de Empleo en España.
