La Cámara catalana se enfrenta a un desafío importante en torno a la gestión de las subvenciones a los grupos parlamentarios. Según un informe de auditoría, se detectaron gastos personales realizados por el líder de Vox, Ignacio Garriga, que no correspondían a la actividad económica del grupo. Esto ha generado una situación delicada que la Mesa del Parlament ha tenido que abordar.
Si bien los hechos ocurrieron en la legislatura pasada, el informe de auditoría no puede aplicarse en la actual, lo que imposibilita la imposición de sanciones a Garriga. Sin embargo, la Mesa ha decidido tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
Modificación de la Instrucción de Subvenciones
La Mesa del Parlament ha acordado modificar la instrucción de la subvención de los grupos para restringir los conceptos subvencionables. El objetivo es garantizar que ningún diputado pueda cobrar un sobresueldo a cargo de las subvenciones de los grupos parlamentarios.
Esta decisión surge de la imposibilidad de aplicar una sanción a Ignacio Garriga, ya que las cuentas de la legislatura pasada están cerradas. La voluntad de la Mesa es fijar que en la instrucción este dinero no pueda ser destinado a cubrir gastos personales y así evitar que se repita en el futuro.
Redistribución de la Diputación Permanente
Además de las modificaciones en la instrucción de subvenciones, la Diputación Permanente del Parlament también ha experimentado cambios en su configuración de miembros. Esto se debe a la constitución de la CUP como grupo parlamentario, que ahora cuenta con 5 diputados.
Tras la constitución de la Diputación Permanente, la distribución de escaños queda de la siguiente manera: PSC tendrá 8 diputados, Junts 6, ERC 3, PP y Vox 2, y los Comuns y la CUP 1. Además, Aliança Catalana tendrá el derecho de asistir con voz pero sin voto.
Abordaje de los Discursos de Odio
Por último, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha solicitado al letrado mayor recomendaciones e información sobre cómo tratar los discursos de odio en la Cámara catalana. La intención es estudiar la posibilidad de emprender acciones legales ‘a posteriori’ respecto a este tipo de intervenciones en el hemiciclo.
El objetivo de esta iniciativa es explorar la vía de interrumpir el mínimo posible los discursos de odio, buscando un equilibrio entre el respeto a la libertad de expresión y la necesidad de mantener un ambiente de debate respetuoso y constructivo en el Parlament.
