Tras casi 84 años de su ejecución, el Estado español ha reconocido oficialmente que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, fue represaliado, condenado y fusilado por razones políticas, ideológicas y de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha remitido una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a la Conselleria de Justicia, en la que se declaran «ilegales e ilegítimos» los tribunales que lo juzgaron y condenaron.
Este hito histórico llega después de dos intentos anteriores por parte de la Generalitat para lograr el reconocimiento de la injusticia cometida contra Companys. En 2009, se obtuvo una declaración que reconocía que había sido «injustamente condenado a muerte por un consejo de guerra» y que sufrió violencia por razones políticas e ideológicas. En 2018, se realizó una segunda solicitud que complementaba la anterior, pero que el Govern consideraba insuficiente para conseguir la plena restauración de su honor.
LA CONDENA DE COMPANYS: UN ACTO ILEGAL Y POLÍTICO
El Estado ha reconocido que Lluís Companys fue condenado y fusilado por su papel como máximo representante de la Generalitat de Cataluña. La declaración señala que los tribunales que lo juzgaron, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona y el consejo de guerra sumarísimo, fueron «ilegales e ilegítimos», y que las condenas, sentencias y resoluciones emitidas en su contra también carecían de validez legal.
Companys fue acusado de diversos cargos, entre ellos, haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, haber organizado la Unión de Rabassaires, haber sido fundador de Esquerra Republicana, haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por los cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la Presidencia de la Generalitat. Todos estos motivos fueron utilizados para justificar su represión y ejecución, demostrando que se trató de un acto político y no de un juicio justo.
UNA DECLARACIÓN HISTÓRICA PARA REPARAR UNA INJUSTICIA
La declaración del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática supone un hito histórico en el reconocimiento de la injusticia cometida contra Lluís Companys. Después de casi 84 años de su ejecución, el Estado español ha admitido oficialmente que Companys fue víctima de una represión política por su labor como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Este reconocimiento es el resultado de los esfuerzos de la Generalitat, que en 2009 y 2018 había solicitado el reconocimiento de la injusticia cometida contra Companys. Si bien las declaraciones anteriores fueron un avance, el Govern consideraba que no lograban la plena restauración de su honor. Con esta nueva declaración, el Estado da un paso más allá al reconocer la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales que lo condenaron y de las sentencias emitidas.
Este hecho representa un hito en la reparación histórica de uno de los episodios más oscuros de la historia de España, en el que un representante democrático fue perseguido, condenado y ejecutado por motivos políticos e ideológicos. El reconocimiento oficial del Estado es un importante paso para honrar la memoria de Lluís Companys y cerrar una herida abierta en la historia de nuestro país.
