En un impactante giro de los acontecimientos, el juez de la Audiencia Nacional (AN), Francisco de Jorge, ha emitido un auto rechazando la denuncia presentada por Podemos en relación a un buque que transportaba combustible para la aviación militar israelí a través de aguas españolas. Este fallo pone de manifiesto la complejidad y las implicaciones jurídicas que rodean este delicado asunto.
Denuncia de Podemos Desestimada
La formación política ‘morada’ había solicitado a la Audiencia Nacional que decretara la paralización e inspección del buque ‘Overseas Santorini’, que llevaba suministros de combustibles destinados al Ejército israelí. Sin embargo, el juez De Jorge ha determinado que no existen motivos suficientes para considerar que las autoridades españolas hayan incurrido en complicidad o cooperación en delitos de genocidio o de lesa humanidad.
Ausencia de Resolución Vinculante de Embargo
En su argumentación, el magistrado señala que no existe una resolución jurídicamente vinculante de organismos internacionales competentes, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, que imponga un embargo general de armas o suministros militares. Por el contrario, solo existen pronunciamientos de medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia dirigidas específicamente al Estado de Israel.
Imposibilidad de Probar Causalidad
Además, el juez De Jorge indica que, incluso si se hubiese impedido el tránsito del buque por aguas españolas, no puede afirmarse que esto habría detenido los ataques a la población civil no combatiente en Gaza ni la obstaculización de la ayuda humanitaria o suministros civiles. Argumenta que «existirían rutas alternativas que se usarían sin gran dificultad», por lo que la omisión de las autoridades no sería relevante para considerar un delito de genocidio o de lesa humanidad.
En resumen, el fallo del juez de la Audiencia Nacional pone de manifiesto la complejidad jurídica que rodea este caso, destacando la ausencia de resoluciones vinculantes a nivel internacional y la dificultad para establecer una relación de causalidad entre la acción u omisión de las autoridades españolas y los presuntos delitos cometidos. Este auto representa un importante revés para la denuncia presentada por Podemos, dejando entrever que, aunque las aguas españolas se cerrasen, existirían rutas alternativas que se utilizarían sin mayor problema.
