La tranquila villa cántabra de Santillana del Mar se ha visto sacudida por un escándalo político que ha llevado a la detención de varios funcionarios municipales, incluyendo a la actual alcaldesa, Sara Izquierdo, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), y su predecesor, Ángel Rodríguez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta situación ha desencadenado una serie de acontecimientos que han puesto en el punto de mira la gestión municipal y las prácticas administrativas en este histórico municipio.
Los hechos se remontan al pasado 6 de junio, cuando se produjo un cambio en la alcaldía mediante una moción de censura que llevó a Izquierdo al poder. Ese mismo día, el exalcalde Rodríguez interpuso una denuncia contra la nueva regidora, acusándola de adjudicar un contrato a una empresa que posteriormente subcontrató a la hermana de Izquierdo para un proyecto de mejora de instalaciones deportivas. Este suceso ha desencadenado una investigación judicial por posibles delitos contra la administración pública, que ha culminado con la detención de cinco personas, incluyendo a los dos políticos mencionados.
Detenciones y acusaciones cruzadas en el consistorio
La Guardia Civil procedió el pasado jueves a la detención de Sara Izquierdo, junto con su hermana, una concejala del PSOE y un empresario. Al día siguiente, fue arrestado el exalcalde Ángel Rodríguez. Estas detenciones se han llevado a cabo bajo la orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega, a instancias de la Fiscalía, en el marco de unas diligencias declaradas secretas para la práctica de más actuaciones.
Los investigados han quedado en libertad con cargos, a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación se centra en posibles delitos de fraude, prevaricación y malversación, entre otros. Es importante destacar que el proceso se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el exalcalde socialista contra la actual regidora, pero no es la única acusación sobre la mesa.
Por su parte, Sara Izquierdo también ha realizado acusaciones graves contra la administración anterior. Nada más acceder al cargo, denunció un presunto «borrado masivo» de información municipal, que incluiría la pérdida de resoluciones de Alcaldía desde 1995 hasta 2023 y actas de «todos» los plenos de los años 80. Este hecho, según la alcaldesa, se descubrió de manera fortuita coincidiendo con el cambio de gobierno.
Reacciones y defensa de la alcaldesa ante las acusaciones
Ante la gravedad de la situación, la alcaldesa Sara Izquierdo ha salido al paso de las acusaciones, mostrándose «tranquila» tras su detención. En declaraciones a RNE, la regidora ha afirmado que el procedimiento denunciado que ha desencadenado esta investigación «es correcto». Izquierdo ha insistido en que la información sobre la adjudicación del contrato era conocida por todo el equipo de gobierno.
La alcaldesa ha explicado que la moción de censura que la llevó al poder se realizó precisamente «para generar un cambio en el Ayuntamiento de Santillana frente a otras situaciones que sí nos alarmaban y que llevábamos viviendo ya durante años». Esta declaración sugiere que, desde su punto de vista, existían irregularidades previas en la gestión municipal que justificaban un cambio en el gobierno local.
Es importante señalar que, a pesar de las detenciones y la investigación en curso, todos los implicados gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial. La complejidad del caso y las acusaciones cruzadas entre los diferentes actores políticos hacen prever un largo proceso de investigación y posiblemente un juicio que arrojará luz sobre los hechos denunciados.
Implicaciones para la gobernabilidad y la imagen de Santillana del Mar
Este escándalo político no solo tiene implicaciones legales para los investigados, sino que también afecta directamente a la gobernabilidad del municipio de Santillana del Mar. La situación actual genera una atmósfera de incertidumbre y desconfianza que puede dificultar la gestión diaria del ayuntamiento y la implementación de políticas públicas necesarias para el bienestar de los ciudadanos.
Además, el caso tiene un impacto potencial en la imagen de Santillana del Mar, conocida como una de las joyas turísticas de Cantabria. La publicidad negativa generada por esta investigación podría afectar la reputación del municipio, que basa gran parte de su economía en el turismo atraído por su patrimonio histórico y cultural.
La situación también pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la gestión municipal y la importancia de contar con mecanismos de control efectivos que prevengan posibles irregularidades. Es fundamental que las instituciones públicas trabajen para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar una administración eficiente y libre de corrupción.
En los próximos meses, será crucial seguir de cerca el desarrollo de la investigación judicial y las posibles consecuencias políticas que puedan derivarse de este caso. La resolución de este conflicto será determinante para el futuro político de Santillana del Mar y podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de los cargos públicos en la gestión de los recursos municipales.
