La reciente detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Barcelona ha desatado una ola de controversia y ha puesto en tela de juicio la gestión del Ministerio del Interior y la actuación de los Mossos d’Esquadra. El sindicato de Policía Nacional Jupol ha acusado al Ministerio de repetir los mismos errores que en 2017, durante el referéndum ilegal, al confiar en los Mossos para la detención de Puigdemont.
Jupol considera que la falta de acción por parte de los Mossos, que actuaban como escoltas de cargos de Junts, ha permitido a Puigdemont acceder a la multitud sin ser detenido. El sindicato ha criticado abiertamente la falta de coordinación y la aparente protección que los Mossos le habrían brindado al expresidente catalán, incluso llegando a hablar de una «Operación Jaula» similar a la que se implementó en 2017, la cual buscaba cerrar la ciudad de Barcelona para localizar a Puigdemont.
Un debate sobre la gestión policial y la confianza en los Mossos
Las críticas de Jupol se centran en la ineficiencia percibida de los Mossos para llevar a cabo la detención de Puigdemont y en la aparente falta de confianza del Ministerio del Interior en la Policía Nacional y la Guardia Civil. El sindicato considera que la confianza ciega en los Mossos, mientras se deja de lado a otras fuerzas de seguridad, es un error que se repite y que pone en riesgo la seguridad nacional.
Jupol argumenta que el Ministerio del Interior continúa «agasajando» a los Mossos con millones de euros, mientras que discrimina a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta postura deja entrever un conflicto latente entre las diferentes fuerzas de seguridad y una falta de coordinación efectiva en la gestión de la seguridad nacional, especialmente en momentos de crisis como el actual.
Las reacciones y las preguntas sin respuesta
El sindicato Jusapol también se ha pronunciado sobre la situación, cuestionando la incapacidad de los Mossos para cumplir con su deber, deteniendo a Puigdemont, a pesar de ser la fuerza de seguridad mejor pagada del Estado.
La polémica se centra en la falta de confianza en la capacidad de los Mossos para garantizar la seguridad y la justicia, lo que pone en duda su capacidad para hacer frente a situaciones complejas que requieren coordinación y cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad.
La pregunta crucial es si el Ministerio del Interior ha tomado las decisiones correctas al confiar en los Mossos para llevar a cabo la detención de Puigdemont. La falta de transparencia en la gestión de la seguridad y la aparente falta de coordinación entre las diferentes fuerzas del Estado plantea serias dudas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad nacional y sobre la capacidad de las autoridades para afrontar situaciones de crisis con eficiencia y eficacia.
