El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado a los Mossos d’Esquadra información detallada sobre el dispositivo policial utilizado para intentar detener al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de decidir si admite a trámite las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír contra el consejero de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y otros mandos policiales.
Esta medida se enmarca en las diligencias indeterminadas abiertas por la Sala de Vacaciones del TSJC, que tienen como objetivo recabar información sobre diferentes aspectos de la previsión y organización de los dispositivos policiales empleados durante el intento de detención de Puigdemont. La providencia consultada por Europa Press solicita específicamente al comisario general de los Mossos d’Esquadra que aporte detalles sobre la planificación y elaboración del operativo, su desarrollo y la evaluación policial de su ejecución.
ESCRUTINIO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
Esta petición de información por parte del TSJC se produce en el marco de las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír contra el consejero de Interior y otros mandos policiales. Ambas organizaciones consideran que la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el intento de detención de Puigdemont pudo incurrir en delitos de prevaricación y desobediencia.
Los querellantes sostienen que el operativo policial fue inadecuado y desproporcionado, y que los Mossos habrían obstruido y dificultado las tareas de la Guardia Civil, que también participaba en el dispositivo para detener al ex president. Además, cuestionan la coordinación entre ambos cuerpos policiales y la eficacia del operativo.
EXPECTATIVA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La solicitud de información del TSJC a los Mossos d’Esquadra responde a la necesidad de esclarecer los hechos y circunstancias que rodearon el intento de detención de Puigdemont, con el objetivo de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la actuación policial.
Esta medida forma parte del escrutinio judicial de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, lo cual es fundamental en un Estado de Derecho para evaluar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos y determinar posibles responsabilidades.
La información solicitada por el TSJC será clave para que la justicia pueda analizar con detalle el desarrollo del operativo policial y valorar si se ajustó a la legalidad vigente. Solo así se podrá garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
