La Ley de emergencia habitacional de Baleares, aprobada por el Gobierno autonómico en 2023, ha generado una disputa con el Gobierno central. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha cuestionado la constitucionalidad de algunas de las medidas establecidas en la ley, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de proyectos de unas 4.000 viviendas.
La Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno balear defiende que la ley es la única forma de abordar con carácter urgente el grave problema de acceso a la vivienda en las Islas Baleares, caracterizado por precios disparados y falta de oferta en un territorio limitado por la insularidad. Desde el Gobierno autonómico se argumenta que las medidas de la ley, como la reconversión de locales en viviendas de precio limitado o el incremento de alturas, respetan la autonomía municipal y permiten a los ayuntamientos adaptar su propia regulación.
EL CUESTIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado discrepancias en torno a las disposiciones de la Ley de emergencia habitacional que recogen la reconversión de locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas y el cambio de usos para aprovechar para vivienda terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados. Según el Gobierno central, estas medidas deberían haberse realizado mediante el planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento, y no a través de una norma con rango legal.
Desde el Gobierno balear se argumenta que este tipo de instrumentos suponen un importante retraso por la emisión de informes sectoriales y otras dificultades que encuentran los ayuntamientos. Por ello, entienden que una norma con rango legal es la única forma de abordar el problema con carácter urgente.
Además, se señala que la ley «respeta la autonomía municipal» porque permite a los ayuntamientos adaptar su propia regulación, decidiendo si aplican, suspenden o limitan las principales medidas en su territorio. De hecho, el Gobierno balear ha incidido en que su aplicación ya se ha regulado por ayuntamientos de diferente color político.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO BALEAR
Desde el Gobierno balear, se insiste en el grave problema habitacional que existe en Baleares, con precios disparados y falta de oferta en un territorio limitado por la insularidad. Por ello, consideran que la Ley de emergencia habitacional es una herramienta necesaria para hacer más vivienda asequible en las Islas.
Ante la amenaza de inconstitucionalidad planteada por el Gobierno central, el Gobierno balear confía en llegar a un acuerdo en la comisión bilateral que se abrirá antes de llegar al Tribunal Constitucional, buscando evitar un recurso. En esta línea, el Ejecutivo autonómico acudirá a esa comisión con la voluntad de «hacer entender esta necesidad de adoptar medidas urgentes en el contexto actual y continuar con el despliegue de la Ley para hacer más vivienda asequible en Baleares en colaboración con los Ayuntamientos».
EL IMPACTO POTENCIAL
Las fuentes autonómicas han señalado que la amenaza de inconstitucionalidad pone en riesgo la viabilidad de proyectos de unas 4.000 viviendas que se están planificando a través del despliegue de la Ley de emergencia habitacional. Esto evidencia la relevancia de esta norma para abordar el problema de acceso a la vivienda en Baleares.
En este contexto, el Gobierno balear se muestra decidido a defender la Ley de emergencia habitacional y a llegar a un acuerdo con el Gobierno central que permita su puesta en práctica. La resolución de esta disputa tendrá un impacto significativo en las posibilidades de aumentar la oferta de vivienda asequible en las Islas Baleares.
