La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido que no existen indicios de que el contrato entre ciertas empresas del Grupo Correos distorsione la competencia. Esta conclusión se fundamenta en la normativa de contratación pública, que permite acuerdos entre empresas públicas del mismo grupo siempre y cuando no se vea afectada la libre competencia en el mercado.
Es importante destacar que las entidades públicas tienen la obligación de solicitar un informe a la autoridad competente, en este caso la CNMC, para que evalúe la contratación interna antes de que los contratos entren en vigor. El objetivo de este procedimiento es asegurar la transparencia y la legalidad en las operaciones dentro del sector público.
Análisis de la Relación Contractual entre Correos y Correos Express
La CNMC centró su análisis en el contrato entre Correos y su filial, Correos Express, para la prestación mutua de servicios de transporte y arrastre. Este tipo de contrato, aunque legal, presenta riesgos potenciales para la competencia, como la posibilidad de subvenciones cruzadas, especialmente si los precios no se ajustan al mercado.
Otros riesgos identificados incluyen la sobrecompensación en el Servicio Postal Universal, la vinculación de servicios y la ventaja en el acceso a infraestructuras públicas. La CNMC, consciente de estos riesgos, llevó a cabo una exhaustiva investigación para determinar si se estaban materializando en el contrato bajo análisis.
Conclusiones del Informe y Importancia de la Transparencia en la Contratación Pública
A pesar de los riesgos potenciales, la CNMC no encontró pruebas de que se estuvieran materializando en el acuerdo entre Correos y Correos Express. El organismo regulador destaca que Correos, al ser una empresa pública, está sujeta a regulaciones y controles que minimizan la posibilidad de que estos riesgos se materialicen.
Además, estos controles permiten detectar y corregir cualquier irregularidad de manera oportuna. La transparencia en la contratación pública es fundamental para garantizar la competencia justa y evitar prácticas que puedan perjudicar a otros operadores del mercado. El caso de Correos demuestra la importancia de un análisis riguroso por parte de las autoridades de competencia para salvaguardar el interés general.
