CEAR denuncia la imposición de visados de tránsito en España a ciudadanos de República Centroafricana

La imposición de visados de tránsito a ciudadanos de determinados países se ha convertido en una práctica cada vez más común en el contexto migratorio actual. Si bien los gobiernos argumentan que estas medidas son necesarias para controlar el flujo migratorio y reforzar la seguridad nacional, las organizaciones de derechos humanos alertan sobre su impacto negativo en la protección de las personas que buscan refugio.

En este sentido, la exigencia de visados de tránsito puede constituir una barrera infranqueable para quienes huyen de conflictos armados, persecución o violaciones graves de derechos humanos en sus países de origen. Al imponer esta obligación, se dificulta el acceso a un procedimiento de asilo justo y efectivo, vulnerando el derecho internacional y poniendo en riesgo la vida de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Restricciones de Visado: ¿Un Obstáculo para la Protección Internacional?

La implementación de visados de tránsito como requisito para realizar una escala en un país puede tener consecuencias devastadoras para las personas que buscan protección internacional. En primer lugar, muchas de ellas provienen de países en conflicto o en situaciones de crisis humanitaria, por lo que obtener un visado puede resultar prácticamente imposible debido a la falta de documentación, recursos económicos o representación consular.

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En segundo lugar, estas medidas pueden obligar a las personas a emprender rutas migratorias más largas y peligrosas, exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación o incluso la muerte. Además, la imposición de visados de tránsito puede fomentar la migración irregular y el tráfico de personas, ya que quienes necesitan protección desesperadamente buscarán alternativas para alcanzar un lugar seguro, sin importar los riesgos.

Abogando por Vías Legales y Seguras

En lugar de implementar medidas restrictivas que obstaculizan el acceso a la protección internacional, es fundamental que los Estados promuevan vías legales y seguras para las personas que necesitan protección. Esto implica facilitar la reunificación familiar, ampliar los programas de reasentamiento y ofrecer visados humanitarios a quienes cumplan con los requisitos.

Asimismo, es crucial fortalecer los sistemas de asilo y garantizar que las solicitudes sean evaluadas de forma justa, eficiente e individualizada. Priorizar la cooperación internacional, el diálogo y la solidaridad entre Estados es esencial para abordar las causas subyacentes de la migración forzada y construir un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad, independientemente de su lugar de origen.

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