La Ley Estatal de Vivienda, aprobada recientemente en mayo de 2023, ha generado controversia y preocupación en el sector inmobiliario de Andalucía. Rocío Díaz, Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, alerta sobre los efectos perjudiciales de esta norma en el mercado de la vivienda de la comunidad autónoma.
En una entrevista con Europa Press, Díaz ha manifestado su descontento con la forma en la que se gestó esta ley, la cual «nació sin consenso» y «sin contar con las comunidades autónomas», a pesar de que éstas tienen competencias en la materia. Según la Consejera, esta situación ha generado un escenario que «contrae» el mercado inmobiliario y «favorece» la ocupación ilegal de viviendas.
La Pérdida de Seguridad Jurídica para los Propietarios
Uno de los principales problemas que Rocío Díaz identifica en la Ley Estatal de Vivienda es la falta de «seguridad jurídica» que brinda a los propietarios de inmuebles. Según la Consejera, si la ley no protege adecuadamente a los propietarios, éstos optarán por retirar sus viviendas del mercado por miedo a que sean ocupadas ilegalmente. Este escenario, a su vez, «protege al que ocupa la vivienda» en detrimento de los derechos de los legítimos dueños.
La Consejera lamenta que la norma aprobada por el Gobierno central no haya contado con el aporte de las comunidades autónomas, quienes conocen de primera mano las particularidades y necesidades de sus respectivos mercados inmobiliarios. Esta falta de colaboración y consenso ha derivado en una legislación que, según Díaz, no logra equilibrar los intereses de propietarios e inquilinos.
El Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía: Una Alternativa Positiva
En contraste con la Ley Estatal de Vivienda, Rocío Díaz destaca que el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía busca crear un escenario «completamente distinto», en el que se otorgue «seguridad jurídica al propietario y a aquel que quiera construir vivienda a precio asequible».
Según la Consejera, esta iniciativa andaluza tiene como objetivo aumentar la oferta de viviendas asequibles, lo que a su vez contribuiría a la disminución de los precios. Para lograrlo, la Junta de Andalucía se encuentra «haciendo lo contrario que el Gobierno», es decir, identificando los terrenos disponibles para ponerlos a disposición de ayuntamientos y promotores, con la finalidad de impulsar la construcción de más viviendas a precios accesibles.
Díaz destaca que estas «medidas positivas» buscan favorecer la inversión y, en definitiva, reducir el déficit de vivienda que sufre la comunidad autónoma, facilitando así el acceso a la vivienda para las familias y los jóvenes andaluces.
