El Ministerio del Interior se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) sobre un supuesto informe remitido a EH Bildu. Este documento, según DyJ, contendría información sobre 19 casos de presuntos abusos policiales no reconocidos judicialmente ni investigados por la Fiscalía. La asociación, presidida por Daniel Portero, ha expresado su «completa desaprobación» a la política antiterrorista del Ministerio, alegando un cambio de rumbo en la «firme determinación» de perseguir a ETA.
Este supuesto informe ha desatado la polémica, con DyJ acusando al Ministerio del Interior de ceder ante las exigencias de los herederos políticos de ETA. La asociación considera este gesto como un intento de equiparar a las víctimas con sus verdugos, buscando reescribir la historia del terrorismo con fines espurios.
Dignidad y Justicia Denuncia un Cambio de Rumbo en la Lucha Antiterrorista
La carta enviada por DyJ al ministro Fernando Grande-Marlaska, a la que diferentes medios han tenido acceso, denuncia un cambio de rumbo en la lucha antiterrorista. La asociación critica la supuesta entrega de un informe que, según ellos, carece de respaldo judicial y solo busca satisfacer las demandas de aquellos que justifican la violencia terrorista. Para DyJ, este acto representa una afrenta a la memoria de las víctimas y una muestra de debilidad frente a quienes pretenden blanquear el pasado.
Además de la denuncia por el informe, DyJ también critica la disparidad de trato por parte del Ministerio del Interior. Mientras que, según la asociación, se apresuran en responder a las solicitudes de los herederos políticos de ETA, se desatienden las demandas de las víctimas del terrorismo, como las modificaciones del Código Penal para perseguir actos de humillación o la investigación de los 379 casos sin resolver, tal como lo ha expresado la Unión Europea.
Ministerio del Interior Niega Existencia de Informe Sobre Abusos Policiales
Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior han negado la existencia de dicho informe. Aseguran que no se ha remitido ningún documento a EH Bildu que contenga información sobre presuntos casos de abuso policial. A pesar de esta negativa, la polémica continúa, y la sombra de la duda se cierne sobre la actuación del Ministerio.
La controversia generada por la denuncia de DyJ pone de manifiesto la complejidad del legado del terrorismo en España. La búsqueda de la verdad, la justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad siguen siendo asignaturas pendientes en un contexto político y social marcado por la polarización y la necesidad de construir una memoria colectiva basada en el respeto y la convivencia.
