En los últimos años, el sistema penitenciario vasco ha experimentado una serie de cambios significativos en su enfoque hacia los reclusos de la extinta organización terrorista ETA. Con la transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021, se ha abierto una nueva etapa en la que se busca avanzar hacia una «normalización penitenciaria» que ponga fin a los criterios excepcionales aplicados a este colectivo.
Sin embargo, como señalan los portavoces de la Red Sare, Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe, el camino hacia dicha normalización aún presenta luces y sombras. Si bien se han logrado algunos avances, como la progresión al tercer grado de 24 presos en el último año, también persisten desafíos que requieren una atención urgente.
Progresiones al Tercer Grado y Aplicación del Artículo 100.2
Según los datos proporcionados, en el último año se han aprobado un total de 32 progresiones al tercer grado, lo que supone un avance significativo. No obstante, los portavoces de Sare han señalado que esta cifra podría ser aún mayor, ya que algunos casos han sido recurridos por el Ministerio Fiscal, lo que ha llevado a la suspensión provisional de dichas progresiones.
Asimismo, se ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a 20 presos de ETA, permitiéndoles salir de prisión durante el día para realizar actividades de voluntariado, formación o trabajo remunerado. Este tipo de medidas flexibiliza el régimen penitenciario y contribuye a la reinserción de los reclusos.
Limitaciones y Críticas a la Política Penitenciaria
A pesar de estos avances, los portavoces de Sare han expresado su preocupación por lo que consideran una «aplicación limitada y contenida» de las progresiones al tercer grado. Argumentan que, dada la antigüedad de las condenas, deberían ser más los presos que accedieran a este régimen de semilibertad o incluso a la libertad condicional.
Además, han criticado la «inexistencia de propuestas de acceso a tercer grado destinadas a presos en edad avanzada» y la falta de «vías adecuadas para la progresiva excarcelación de presos de más de 65 años y estados de salud igualmente preocupantes».
Hacia una Política Penitenciaria Normalizada
Los portavoces de Sare han subrayado la necesidad de poner fin a las leyes de excepción que, a su juicio, «afectan tanto a materias estrictamente de Derecho Penal como a materias relacionadas con el cumplimiento de la pena». Consideran que estas excepcionalidades impiden que los reclusos puedan evolucionar en su situación carcelaria y vulneran sus derechos.
En este sentido, han exigido el «fin de estas excepcionalidades» para dar paso a «los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria», lo que, a su entender, «no es una opción partidaria sino una apuesta del conjunto de la sociedad vasca, ratificada por el Parlamento vasco».
Finalmente, los portavoces han expresado su confianza en que los nuevos responsables de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco apuesten por la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, sin privilegios pero sin excepciones, discriminaciones ni criterios particulares. Asimismo, han solicitado una actitud abierta que facilite la interacción con los movimientos sociales y organizaciones relacionadas con el mundo penitenciario, en aras de avanzar hacia una «normalización penitenciaria» efectiva.
