La Ley de Amnistía, aprobada recientemente, ha generado un intenso debate jurídico y político en España. Diversas comunidades autónomas han expresado su oposición a la norma, argumentando que vulnera principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.
En este contexto, el Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un dictamen que avala la decisión de la Junta de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. El dictamen, elaborado por el presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, y aprobado por mayoría de votos, argumenta que la Ley de Amnistía no se ajusta a la Constitución Española y que su aprobación requiere una reforma constitucional previa.
La Ley de Amnistía: una amenaza a la Constitución Española
El dictamen del Consejo Consultivo considera que la Ley de Amnistía vulnera varios artículos de la Constitución Española. En concreto, se señala que la ley infringe el derecho de igualdad (art. 14 CE) al establecer un trato desigual para los ciudadanos en función de su lugar de residencia o sus actos.
Asimismo, el dictamen argumenta que la ley también infringe los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Judicial, en relación con el principio de separación de poderes.
El dictamen del Consejo Consultivo destaca que la aprobación de la Ley de Amnistía podría suponer un menoscabo grave para el ordenamiento jurídico español y para el Estado de Derecho, poniendo en peligro la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
La Junta de Castilla y León se suma a la defensa de la Constitución
La Junta de Castilla y León, con base en el dictamen del Consejo Consultivo, ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. La decisión se ha tomado con la mayor celeridad posible para evitar que la ley se aplique de forma efectiva y se produzca un daño irreparable al ordenamiento jurídico español.
El Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha defendido la postura de la Junta, argumentando que la Ley de Amnistía «vulnera flagrantemente el Estado de Derecho, el principio de igualdad y ataca a la Constitución de una manera insoslayable».
La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso «muy contundente» con argumentos «muy serios» que buscan demostrar que la Ley de Amnistía es incompatible con la Constitución Española. Se espera que el Tribunal Constitucional analice en profundidad el recurso y emita una sentencia que resuelva la controversia jurídica.
La decisión de la Junta de Castilla y León ha sido recibida con satisfacción por diversos sectores políticos y sociales que defienden la integridad del ordenamiento jurídico español. Se espera que la acción de la Junta, junto a las de otras comunidades autónomas, contribuya a garantizar la supremacía de la Constitución Española y a evitar la aplicación de una ley que podría tener consecuencias devastadoras para el Estado de Derecho en España.
