La cuestión de los presos de ETA sigue siendo un tema de gran controversia en el País Vasco y en toda España. Recientemente, la red ciudadana Sare, que apoya a los reclusos de la organización terrorista, ha hecho un llamamiento al Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) para que sea «creativo» en la gestión de las prisiones vascas, con el fin de facilitar la excarcelación de estos presos. Esta petición ha generado una respuesta contundente por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha advertido sobre las implicaciones legales y éticas de tal propuesta.
El debate sobre el destino de los presos de ETA se ha intensificado desde que el gobierno vasco, liderado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en coalición con el PSE-EE, asumió las competencias en materia penitenciaria. Esta transferencia de poderes ha despertado expectativas en ciertos sectores de la sociedad vasca, que abogan por un cambio en las políticas penitenciarias. Sin embargo, organizaciones como Covite se mantienen firmes en su posición de que cualquier modificación en el estatus de los presos debe respetar escrupulosamente la ley y los derechos de las víctimas del terrorismo.
La postura de Covite frente a la excarcelación de presos de ETA
Covite, la asociación presidida por Consuelo Ordóñez, ha expresado su firme oposición a cualquier intento de «excarcelar fraudulentamente» a los presos de ETA. La organización sostiene que liberar a estos reclusos antes de tiempo y sin cumplir los requisitos establecidos por la ley constituye una clara vulneración de los derechos de las víctimas del terrorismo. Esta postura se basa en el principio fundamental de que la justicia debe prevalecer y que las sentencias impuestas deben cumplirse en su totalidad.
La asociación ha sido clara al afirmar que el hecho de que los miembros de ETA estén encarcelados por haber cometido asesinatos o haber colaborado en ellos no supone una violación de sus derechos. Por el contrario, Covite argumenta que es precisamente el cumplimiento de estas condenas lo que garantiza que se haga justicia por los crímenes cometidos. La organización enfatiza que cualquier medida que busque acelerar artificialmente la liberación de estos presos sin respetar los marcos legales establecidos sería una afrenta directa a los derechos de las víctimas y sus familias.
Además, Covite ha criticado duramente la sugerencia de Sare de buscar «creatividad» en la gestión penitenciaria. Para la asociación de víctimas, este término es un eufemismo que esconde la intención de eludir las normativas vigentes y los procedimientos judiciales establecidos. Covite insiste en que no hay forma de disfrazar o justificar acciones que socaven el estado de derecho y el sistema judicial, especialmente cuando se trata de casos tan sensibles como los relacionados con el terrorismo.
El debate sobre la política penitenciaria en el País Vasco
La transferencia de las competencias penitenciarias al gobierno vasco ha abierto un nuevo capítulo en el complejo debate sobre cómo abordar la situación de los presos de ETA. Por un lado, organizaciones como Sare argumentan que es necesario un cambio en las políticas penitenciarias para facilitar la reinserción de los reclusos y promover la reconciliación en la sociedad vasca. Este enfoque se basa en la idea de que, tras el fin de la actividad armada de ETA, es momento de avanzar hacia un nuevo escenario de convivencia.
Sin embargo, esta postura choca frontalmente con la visión de colectivos de víctimas como Covite, que consideran que cualquier modificación en el tratamiento de los presos de ETA debe estar estrictamente apegada a la ley y respetar la memoria y los derechos de quienes sufrieron la violencia terrorista. Para estas organizaciones, la justicia y el cumplimiento íntegro de las condenas son pilares fundamentales que no pueden ser negociados o flexibilizados en aras de una supuesta reconciliación.
El debate también tiene implicaciones políticas significativas. El PSE-EE, ahora responsable de la gestión de las prisiones vascas, se encuentra en una posición delicada, intentando equilibrar las demandas de diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, debe mantener su compromiso con el estado de derecho y el respeto a las víctimas, mientras que por otro, enfrenta presiones para mostrar una actitud más flexible hacia la población reclusa. Este dilema refleja las tensiones más amplias que existen en la sociedad vasca sobre cómo abordar el legado del terrorismo y construir un futuro compartido.
Las implicaciones legales y éticas de la excarcelación anticipada
La cuestión de la excarcelación anticipada de presos de ETA no solo tiene implicaciones políticas y sociales, sino también profundas consideraciones legales y éticas. Desde el punto de vista legal, cualquier modificación en el cumplimiento de las condenas debe ajustarse estrictamente a lo establecido en el Código Penal y la legislación penitenciaria. Esto incluye los requisitos para la progresión de grado, los permisos penitenciarios y la libertad condicional, que están diseñados para garantizar que la reinserción se produzca de manera gradual y controlada.
Éticamente, el debate se centra en el equilibrio entre la justicia retributiva, que busca el castigo por los crímenes cometidos, y la justicia restaurativa, que se enfoca en la reparación del daño y la reintegración del infractor en la sociedad. Los defensores de una política penitenciaria más flexible argumentan que facilitar la reinserción de los presos de ETA podría contribuir a la reconciliación social y al cierre definitivo de las heridas del pasado. Sin embargo, los críticos, como Covite, sostienen que esto podría trivializar la gravedad de los crímenes cometidos y negar a las víctimas su derecho a la justicia.
Además, existe el riesgo de que una excarcelación anticipada generalizada pueda ser interpretada como una victoria política por parte de quienes apoyaron la violencia en el pasado. Esto podría tener un efecto desmoralizador en las víctimas y sus familias, que podrían sentir que su sufrimiento no ha sido plenamente reconocido por la sociedad y las instituciones. Por lo tanto, cualquier modificación en la política penitenciaria debe ser cuidadosamente considerada, teniendo en cuenta no solo los aspectos legales, sino también el impacto emocional y social en todos los sectores de la sociedad vasca y española.
