La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de no prohibir la polémica comida programada en Bilbao en el contexto de las festividades locales, un evento que ha generado controversia debido a su carácter de apoyo a individuos condenados por su vinculación con la organización terrorista ETA. La decisión judicial, sin embargo, no exime al evento de la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes estarán atentas a cualquier manifestación que pueda ser constitutiva de delitos de enaltecimiento del terrorismo o de menosprecio hacia las víctimas.
La solicitud de prohibir la comida fue presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), argumentando que la celebración constituía un acto de humillación hacia las víctimas del terrorismo y sus familias, además de ser un acto de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, desestimó la petición al no encontrar pruebas concluyentes de que el evento estuviera planificado con la intención de cometer algún delito.
En su auto, el juez Calama argumenta que corresponde a la autoridad gubernativa, representada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la responsabilidad de determinar si las convocatorias, como la de la comida en cuestión, se ajustan a la normativa vigente para su realización. El juez también enfatiza que, en caso de que durante la vigilancia del evento se detecten actos que puedan ser tipificados como delitos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán actuar de inmediato para identificar y, si es necesario, detener a los responsables.
Dignidad y Justicia Critica la Decisión y Advierte Sobre Posibles Actos Delictuales
La decisión de la Audiencia Nacional ha generado la reacción del presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien ha lamentado que el juez se haya limitado a reproducir el informe de la Fiscalía. Según Portero, este informe ignora su denuncia y los acusa de basarse en hipótesis subjetivas y suposiciones infundadas sobre la comisión de un delito.
Para Portero, este «planteamiento va en contra de la doctrina de la Audiencia Nacional» y recuerda que «todos los juzgados de la Audiencia Nacional han prohibido en alguna ocasión estos actos durante 18 años de denuncias consecutivas por los mismos hechos». Incluso, señala, «el Ayuntamiento de Bilbao llegó a prohibir a los organizadores participar en las fiestas durante dos años en el año 2009, incautando a las txoznas de kaskagorri y Txori barrote material propagandístico de ETA».
Dignidad y Justicia considera que la Fiscalía no está teniendo en cuenta la realidad de lo que ha ocurrido durante años en este tipo de eventos. Portero finaliza su crítica con una reflexión: «Espero no tenga que ver con no causar malestar a los socios proetarras del Gobierno. Mientras, los proetarras se siguen riendo de los demócratas y sobre todo de las víctimas del terrorismo».
La Decisión Judicial Reaviva el Debate Sobre el Enaltecimiento del Terrorismo
La controversia en torno a la comida en Bilbao pone de manifiesto la complejidad de conciliar la libertad de expresión y reunión con la necesidad de proteger la dignidad de las víctimas del terrorismo. La decisión de la Audiencia Nacional, aunque sujeta a la vigilancia policial, ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de expresiones que puedan ser interpretadas como apología del terrorismo.
Este caso también ha puesto en evidencia la tensión existente entre quienes consideran que cualquier acto de homenaje a miembros de ETA, independientemente de su formato, supone una ofensa a las víctimas y un riesgo para la convivencia pacífica, y aquellos que defienden que la libertad de expresión debe prevalecer siempre y cuando no se incite directamente a la violencia.
La vigilancia policial del evento será crucial para determinar si, efectivamente, se producen actos que puedan ser constitutivos de delito. De ser así, las autoridades deberán actuar con contundencia para garantizar que no se banalice el sufrimiento de las víctimas y que se preserve el Estado de Derecho.
