La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alzado su voz enérgicamente, exigiendo una regulación uniforme y transparente en el ámbito de los festivales de música en España. Esta petición surge a raíz de la identificación de prácticas comerciales cuestionables en diversos eventos musicales a lo largo del territorio nacional. La falta de homogeneidad en la normativa actual genera un escenario de incertidumbre e indefensión para los consumidores, quienes a menudo se ven expuestos a condiciones abusivas por parte de las empresas organizadoras.
La OCU ha presentado denuncias formales ante las autoridades competentes contra diez festivales de música debido a irregularidades detectadas en sus políticas y procedimientos. Entre los eventos señalados se encuentran nombres de gran envergadura como el Dreambeach, el Pirata Beach Fest y el Visor Fest, que se suman a una lista que ya incluía al FIB, el Monegros Desert Festival, el Puro Latino, el Sonórica, el Zevra Festival, el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound. Estas denuncias ponen de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad urgente de una respuesta contundente por parte de las instituciones.
Prácticas Abusivas que Afectan a Millones de Asistentes
La OCU ha puesto el foco en diversas prácticas abusivas que se repiten con preocupante frecuencia en los festivales de música. Entre las más comunes se encuentra la imposición de comisiones para recuperar el saldo no utilizado en las pulseras de pago ‘cashless’, obligando a los asistentes a pagar por acceder a su propio dinero. Asimismo, se ha denunciado el cobro por vasos reutilizables sin ofrecer la opción de reembolso, lo que se traduce en un gasto adicional e injustificado para los usuarios. La prohibición de ingresar con alimentos y bebidas del exterior también se suma a la lista de prácticas cuestionadas, coartando la libertad de los asistentes y generando un entorno de consumo cautivo dentro del recinto.
Estas prácticas, lejos de ser casos aislados, afectan a una cantidad considerable de personas, con más de un millón de asistentes perjudicados, según estimaciones de la OCU. Esta situación no solo vulnera los derechos de los consumidores, sino que también empaña la imagen de un sector en constante crecimiento como el de los festivales de música.
La Importancia de una Legislación Clara y Contundente
Ante este panorama, la OCU no se limita a denunciar, sino que también propone soluciones concretas. En primer lugar, se insta a las autoridades de consumo a actuar con celeridad y determinación, sancionando a las empresas que incumplan la normativa y obligándolas a restituir los cobros indebidos a los afectados. Sin embargo, la organización va más allá y aboga por una solución de raíz: una normativa a nivel nacional que regule de forma clara y precisa los derechos y obligaciones tanto de los organizadores como de los asistentes a los festivales de música.
Esta normativa, según la OCU, debería establecer compensaciones automáticas para los consumidores en caso de que se produzcan abusos por parte de las empresas. El objetivo es crear un marco legal justo, transparente y predecible que proteja los derechos de los asistentes y fomente la confianza en el sector. La OCU destaca el caso de Asturias como ejemplo a seguir, donde existe una legislación autonómica que se muestra más rigurosa en la defensa de los derechos de los consumidores en este tipo de eventos. La organización hace un llamado al Ministerio de Consumo para que tome cartas en el asunto y lidere la creación de un marco regulatorio sólido y homogéneo a nivel nacional.
