La región vinícola de Ribeira Sacra se enfrenta a una preocupante situación de excedentes de uva, lo que ha llevado a las bodegas a notificar a los viticultores que no comprarán la totalidad de su cosecha. Este escenario alarmante pone en jaque a cientos de pequeños y medianos productores que dependen de estos ingresos para su sustento.
El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha elevado su voz para exigir a la Consellería do Medio Rural que tome medidas urgentes para abordar esta crisis. Reclaman la convocatoria de una mesa de trabajo con los agentes del sector con el fin de elaborar un «plan de choque» que permita salvar la campaña y evitar que se vean «por delante» a los pequeños y medianos viticultores.
Soluciones Propuestas por el Sindicato Labrego Galego
El SLG ha planteado una serie de medidas que consideran necesarias para hacer frente a la crisis de excedentes. Entre ellas se encuentran la poda en verde y la reducción de rendimientos de las explotaciones, la destilación de crisis, la limitación de nuevas plantaciones, la elaboración de un mapa claro que establezca con certeza los confines de la denominación de origen, y la realización de un estudio de costes sobre la producción de uva en la Ribeira Sacra.
Asimismo, el sindicato censura la actitud de la Administración autonómica, a la que acusan de haber intentado «restar importancia» a las consecuencias de esta crisis y de «fiarlo todo al equilibrio final entre oferta y demanda al procedimiento de destilación de crisis», una medida que consideran que «no se va a activar».
Llamado a la Responsabilidad de la Xunta
El SLG lamenta que la Xunta no haya asumido la «responsabilidad» de diseñar una alternativa «que permita no dejar caer cientos de puestos de trabajo directos», algo que atribuyen a la «falta de creatividad» o las pocas «ganas de trabajar» que aprecian en el departamento que dirige María José Gómez.
Frente a esta situación, el sindicato agrario advierte que la crisis del sector del vino «es complicada a nivel de toda Europa«, por lo que son necesarias medidas que vayan más allá de «salvar» esta cosecha. Reclaman a la Administración autonómica que asuma su responsabilidad y convoque las mesas de trabajo necesarias para analizar la situación junto a los consejos reguladores y las organizaciones agrarias.
