El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha hecho un llamamiento a la opinión pública y a los medios de comunicación para «no asociar nunca» la discapacidad con «una inclinación o predisposición a la violencia».
Según Pérez Bueno, hacer esta asociación «arruina el trabajo ingente de mucho tiempo de proyectar y de generar una apreciación positiva de la discapacidad y de las personas que tienen particularmente una circunstancia de salud mental».
El presidente del CERMI ha advertido que «un simplismo» o «incluso una mala fe» al hacer esta asociación puede tener graves consecuencias. Pérez Bueno ha enfatizado que objetivamente no existe una relación entre la discapacidad, especialmente la salud mental, y una predisposición a la violencia, ya que, si bien pueden darse casos, no es la norma.
Garantizar los derechos de las personas con discapacidad en procesos judiciales
En el caso de Mocejón (Toledo), donde un menor fue asesinado y el presunto autor es una persona con discapacidad, Pérez Bueno ha explicado que siempre hay que garantizar «un respeto máximo de sus derechos constitucionales». En el caso de las personas con discapacidad, esto requiere «una mayor intensidad de atención y de protección en todos los ámbitos, en el policial, en el médico forense, en el judicial y ajustes de procedimiento».
Según Pérez Bueno, será necesario determinar «su grado de responsabilidad criminal» para ver «si es imputable o inimputable, en función de que su discapacidad o su situación le lleve a que no es responsable criminalmente porque no entiende o no quiere el delito» pero «por circunstancias de fuerza mayor le llevan a cometerlo, pero sin conciencia y sin voluntad». Esta evaluación se realizará a través de «los informes del forense, de las partes, de los peritos y los expertos».
La figura del facilitador procesal y judicial, clave para la accesibilidad a la justicia
Pérez Bueno ha destacado que todas las actuaciones deben ser «pensadas y practicadas en clave de accesibilidad universal» para que el investigado «entienda lo que está sucediendo» con «los apoyos precisos para comprender lo que se le dice o lo que se escribe» en el sumario, en las diligencias y en el avance de la investigación.
En este sentido, el presidente del CERMI ha recordado que existe la figura del «facilitador procesal o judicial», un profesional independiente y experto en discapacidad que acompañará y asistirá a la persona con discapacidad en todo el proceso judicial, incluido el policial. Según Pérez Bueno, esta figura es «muy necesaria» no solo en casos como el de Mocejón, sino en otros civiles, laborales o de otro tipo, ya que puede ayudar a que «la justicia no sea un elemento de doble victimización» y que el «derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad sea real y efectivo».
En conclusión, el llamamiento del presidente del CERMI Estatal subraya la importancia de evitar asociar la discapacidad, especialmente la salud mental, con una predisposición a la violencia, y de garantizar los derechos y la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos judiciales, a través de la figura del facilitador procesal y judicial.
