La polémica sobre los contratos públicos con Eulen, una empresa de servicios en la que trabaja la hermana del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha alcanzado nuevas dimensiones. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha ampliado sus cuestionamientos más allá de Galicia, señalando ahora a la Comunidad de Madrid y Andalucía como regiones donde se ha observado un incremento significativo en la facturación con dicha empresa desde que el PP asumió el gobierno.
Esta controversia ha generado un intenso debate político, con acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de España. Mientras el PSOE exige explicaciones sobre el aumento de contratos en ciertas comunidades autónomas gobernadas por el PP, los populares acusan a los socialistas de intentar desviar la atención de sus propios casos de corrupción. Este enfrentamiento pone de manifiesto la tensión existente en el panorama político español y la importancia de la transparencia en la contratación pública.
El aumento de contratos con Eulen en comunidades gobernadas por el PP
El PSOE ha presentado datos que sugieren un incremento notable en los contratos con Eulen en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. En el caso de la Comunidad de Madrid, los socialistas afirman que desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia en 2019, los contratos con Eulen se han multiplicado por veinte, alcanzando más de 15 millones de euros en cinco años. Este aumento contrasta significativamente con las administraciones anteriores, donde la media anual de contratos con Eulen era de menos de 150.000 euros.
En Andalucía, el PSOE señala que desde que Juanma Moreno asumió la presidencia de la Junta, el valor de los contratos con Eulen se ha elevado a casi 74 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 50%. Los socialistas detallan que durante el mandato de Moreno, el Grupo Eulen ha recibido 507 adjudicaciones, la mayoría de ellas a través de la sociedad cabecera del grupo, Eulen SA.
La Región de Murcia también ha sido mencionada en este contexto. Según el PSOE, desde que Fernando López Miras llegó al gobierno autonómico en mayo de 2017, las filiales del Grupo Eulen han contratado con su administración por un valor superior a los cinco millones de euros, lo que supone una media anual de más de 715.000 euros.
La situación en Galicia y la respuesta de Feijóo
En Galicia, comunidad de origen de Alberto Núñez Feijóo, el PSOE asegura que las adjudicaciones a Eulen se multiplicaron desde que Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta en 2009. Según los socialistas, durante los 13 años de mandato de Feijóo, se asignaron a la empresa más de 34 millones de euros. Además, señalan que con el actual presidente gallego, Alfonso Rueda, Eulen ha obtenido contratos por valor de más de 17 millones de euros en los dos últimos ejercicios.
Ante estas acusaciones, Alberto Núñez Feijóo ha respondido argumentando que el PSOE está intentando desviar la atención de sus propios casos de corrupción. El líder del PP sostiene que no tiene nada que ocultar tras 30 años de servicio público y aconseja a los socialistas que dejen de «hacer el ridículo». Feijóo también ha señalado que el PSOE ha cerrado contratos con Eulen en las comunidades autónomas donde ha gobernado y en diversos ministerios.
La controversia y sus implicaciones políticas
Esta polémica ha generado un intenso debate sobre la transparencia en la contratación pública y las posibles influencias políticas en la adjudicación de contratos. El PSOE ha exigido explicaciones sobre el aumento de la facturación con Eulen en las comunidades gobernadas por el PP, especialmente en lo que respecta a los contratos vinculados con la pandemia de COVID-19.
Por su parte, el PP argumenta que estas acusaciones son un intento de los socialistas de desviar la atención de sus propios problemas de corrupción. Este enfrentamiento refleja la tensión existente en el panorama político español y la importancia de la rendición de cuentas en la gestión pública.
La controversia sobre los contratos con Eulen plantea importantes cuestiones sobre la ética en la administración pública y la necesidad de transparencia en los procesos de contratación. Independientemente de las afiliaciones políticas, es fundamental que se investigue a fondo cualquier irregularidad potencial y que se implementen mecanismos para garantizar la equidad y la integridad en la adjudicación de contratos públicos.
En última instancia, este debate subraya la importancia de mantener altos estándares éticos en la gestión pública y la necesidad de un escrutinio constante por parte de la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil. Solo a través de una vigilancia activa y una rendición de cuentas efectiva se puede garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los ciudadanos.
