La entrada en vigor de la Ley de Concordia en la Comunidad Valenciana ha desatado una fuerte reacción de rechazo por parte de los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís en Les Corts. Ambas formaciones han denunciado enérgicamente que esta norma contradice los informes de la ONU, las universidades y las asociaciones memorialistas, al tiempo que consideran que «va contra la ley nacional» y es «anticonstitucional».
Mercedes Caballero, portavoz de Memoria Histórica de los socialistas valencianos, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de «hacer efectivas las políticas de la ultraderecha» a pesar de que Vox ya no forme parte del Ejecutivo autonómico. Caballero ha expresado su confianza en que el Tribunal Constitucional paralice la entrada en vigor de esta ley, tal como ocurrió en Aragón.
La Ley de Concordia: ¿Atentado contra los Derechos Humanos?
Según Caballero, el gobierno de Mazón «se niega a respetar los derechos humanos» y ha derivado las competencias de «Concordia» a la Conselleria de Justicia, lo que demuestra que la memoria histórica «carece de importancia» para el presidente valenciano. La diputada socialista se ha preguntado cómo se reivindica la memoria de Miguel Hernández «eliminando las políticas de memoria».
Por su parte, la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha recordado que su grupo se mostró «diametralmente en contra» de la Ley de Concordia durante su tramitación parlamentaria «porque dinamita la aplicación de todas las políticas de memoria democrática y un informe de la ONU constata que vulnera los derechos humanos».
Micó ha calificado la norma como la «Ley de la Discordia», ya que «ataca a las víctimas del franquismo y que equipara la democracia con una dictadura criminal como fue la de Franco». Además, ha denunciado que la ley «blanquea el golpe de estado de 1936 y cuarenta años de dictadura franquista» y «oculta el reconocimiento público de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura».
El Gobierno Central y el Recurso de Inconstitucionalidad
Tanto Caballero como Micó han exigido al Gobierno central que «acelere» el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Concordia, ya que consideran que su entrada en vigor «no sería una intromisión en las competencias autonómicas del Consell, sino que la Ley de Concordia va contra la ley nacional».
Según Compromís, «con la entrada en vigor de esta ley se equiparan los periodos de dictadura con los del gobierno constitucional y legítimo de la II República Española«, lo que «blanquea el golpe de estado de 1936 y cuarenta años de dictadura franquista». Además, denuncia que «oculta el reconocimiento público de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura; no contempla ninguna referencia a las miles de personas desaparecidas, a los asesinatos sin juicios, ni a la voluntad de encontrar las personas enterradas en las cunetas de nuestra geografía».
En definitiva, la polémica Ley de Concordia ha desencadenado una fuerte oposición desde la izquierda valenciana, que considera que se trata de una norma que atenta contra los derechos humanos y la memoria histórica de la región. La expectativa se centra ahora en el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central podría presentar ante el Tribunal Constitucional.
