La decisión del Gobierno de España de denegar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo ha generado revuelo en los mercados financieros y ha planteado cuestiones sobre la política de inversión extranjera del país.
En un comunicado oficial, el Gobierno justificó su decisión argumentando razones de seguridad nacional y afirmando que la autorización de la operación «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público». De hecho, el Consejo de Ministros ha declarado que la información contenida en este expediente es clasificada.
LA DECISIÓN DEL GOBIERNO: SEGURIDAD NACIONAL COMO PRIORIDAD
La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha sido la encargada de evaluar la propuesta de adquisición y finalmente decidió denegar la operación. Según fuentes gubernamentales, la decisión se basa en la preocupación por los posibles vínculos de la empresa húngara con Rusia y la extrema derecha.
Tal como adelantó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el Gobierno «haría todo lo posible» para frenar esta operación. Puente había expresado sus temores sobre los posibles vínculos de Magyar Vagon con la Rusia de Putin y la extrema derecha húngara, liderada por el primer ministro Viktor Orbán.
De hecho, el 45% del capital del consorcio húngaro que pretendía comprar Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro. Además, uno de los directivos de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor del Gobierno húngaro encabezado por Orbán entre 1998 y 2002.
IMPLICACIONES Y POSIBLES PLEITOS
El Gobierno ha defendido que este veto se produce «en aplicación de la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales».
Sin embargo, la decisión ha generado malestar entre algunos agentes implicados. La asociación de accionistas minoritarios Aemec cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, mientras que la propia Magyar Vagon ha apuntado que recurrirá incluso a instancias europeas para defender su operación.
UN EQUILIBRIO ENTRE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y DEFENSA DE INTERESES NACIONALES
El Gobierno ha aprovechado la coyuntura para defender su política de atracción de inversión extranjera. Según datos de la OCDE, España es el décimo país desarrollado con menos restricciones regulatorias a la inversión extranjera, por delante de economías como Alemania, Francia o Estados Unidos.
En este sentido, el Ejecutivo afirma que «el Gobierno de España mantiene como objetivo prioritario la atracción de inversión extranjera, sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad futura, como la digitalización y la transición ecológica, de forma compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional».
La decisión de vetar la adquisición de Talgo por parte de la empresa húngara demuestra la importancia que el Gobierno concede a la salvaguarda de los intereses estratégicos nacionales, incluso cuando ello implica hacer frente a posibles pleitos judiciales y tensiones con determinados agentes económicos. Un equilibrio delicado entre la atracción de inversión y la defensa de la soberanía nacional.
