Chile ha recibido la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo de crédito flexible (LCF) por un valor de 13.800 millones de dólares, equivalente al 600% de la cuota del país. Este nuevo acuerdo, que tiene una duración de dos años, reemplaza el anterior acuerdo de Chile con el FMI.
Las autoridades chilenas han expresado su intención de utilizar este nuevo acuerdo como medida precautoria, con el objetivo de continuar reduciendo gradualmente su acceso al crédito, en función de la evolución de los riesgos externos.
Chile fortalece su resiliencia económica ante riesgos externos
Este es el tercer acuerdo de crédito flexible que Chile firma con el FMI desde el año 2020. En los dos acuerdos anteriores, el acceso al crédito se ha ido reduciendo gradualmente. El primer acuerdo, firmado en mayo de 2020, era equivalente al 1.000% de la cuota, mientras que el segundo, firmado en agosto de 2022, equivalía al 800% de la cuota.
El FMI ha reconocido las mejoras en las perspectivas económicas a corto plazo de Chile, impulsadas por el repunte de las exportaciones mineras y la recuperación del consumo. Sin embargo, el FMI también ha destacado que la economía chilena sigue expuesta a riesgos externos, como la incertidumbre en torno a las tasas de interés en Estados Unidos, la desaceleración económica en China y otros socios comerciales clave, y la intensificación de los conflictos regionales.
Un marco de políticas sólidas para enfrentar los desafíos
El FMI ha reconocido la implementación de políticas sólidas por parte de las autoridades chilenas, que han contribuido a resolver los desequilibrios macroeconómicos generados durante la pandemia.
El gobierno de Chile también está impulsando reformas para aumentar el dinamismo de la economía y convertirla en una economía más inclusiva y sostenible.
El FMI ha destacado la importancia de los sólidos marcos de política institucional de Chile, que refuerzan la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a los shocks externos. Estos marcos incluyen un marco creíble de metas de inflación, un tipo de cambio flexible, un ancla de deuda y una regla de equilibrio fiscal estructural, así como una regulación y supervisión eficientes del sector financiero.
La Línea de Crédito Flexible del FMI, en este contexto, seguirá ofreciendo un valioso amortiguador contra los riesgos extremos y un respaldo a la fortaleza política e institucional de Chile. Las autoridades del país se mantienen comprometidas a utilizar la LCF como una medida precautoria y a reducir gradualmente el acceso al crédito, en función de la evolución de los riesgos externos.
