El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso ha reclamado al Gobierno que aplique sanciones a aquellas empresas que se «lucran» con proyectos de apoyo a Israel en la «colonización ilegal» de Palestina. Esta solicitud se ha realizado a través de una pregunta parlamentaria para respuesta escrita, donde se recuerda que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acudió a Kiev (Ucrania) acompañado de una delegación de 23 empresas españolas, entre las que se encontraban directivos de Acciona, Adif, CAF y Renfe.
Según Sumar, esta visita tenía como objetivo estudiar oportunidades de cooperación entre ambos países y se producía en un contexto de sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar o la economía rusa. Sin embargo, desde el grupo plurinacional consideran que actualmente «sigue habiendo» empresas españolas que se «lucran» con la ocupación de Palestina.
España, Tercero en el Ranking Europeo de Empresas Involucradas
Como ejemplo, Sumar pone a la empresa CAF, que «gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en Territorio Ocupado», y a la empresa SEMI, que según precisan está «implicada» en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén. Según la iniciativa recogida por Europa Press, «España se convierte en el tercer país europeo con un mayor número de empresas que se han lucrado con actividades desarrolladas en estos territorios, solo por detrás de Alemania e Italia.
Por todo ello, desde Sumar urgen al Ejecutivo a conocer cuál fue el criterio para elegir a las empresas que acompañaron al ministro Cuerpo en la delegación. También quieren saber si el Gobierno es «consciente» de que España «incumple» la directiva europea de diligencia cuando «premia y/o apoya» a empresas como las mencionadas que participan en proyectos para la «ilegal colonización» israelí.
Posibles Acciones Legales Contra las Empresas Implicadas
En lo referente a la empresa CAF, los de Yolanda Díaz reclaman que los directivos y empleados de dicha empresa sean informados por el Ejecutivo de que la participación en los proyectos en territorio israelí suponen un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado y podrán ser perseguidos en los tribunales españoles.
Finalmente, Sumar pide conocer si desde el Ejecutivo se van a llevar a cabo los mecanismos necesarios para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en el proyecto mencionado.
