Aragón se ha posicionado en contra de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados, considerando que esta vulnera la Constitución Española. El Gobierno de Aragón ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en defensa del Estado de derecho y del marco de convivencia establecido en la Constitución de 1978.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado la ley de amnistía como un «ataque» a la igualdad, la legalidad y la Constitución, además de ser una «amnistía por chantaje político». Azcón ha subrayado que la amnistía no es una solución, ya que los independentistas no abandonan su objetivo de separación, y que la fuga de Puigdemont demuestra que las ansias rupturistas continúan presentes.
Defendiendo el Estado de Derecho en Aragón
El Gobierno aragonés ha formado un grupo de trabajo interdepartamental para analizar la legalidad de la ley de amnistía y ha solicitado el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. El Consejo Consultivo ha emitido un dictamen concluyendo que la ley es inconstitucional y que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene legitimidad para interponer un recurso.
Además del dictamen del Consejo Consultivo, el Gobierno de Aragón ha recabado numerosos pronunciamientos de rechazo a la ley por parte de diferentes asociaciones y colectivos jurídicos, que también consideran que la ley vulnera la Constitución.
Las Cortes de Aragón también se han posicionado en contra de la ley de amnistía, aprobando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. El informe jurídico de las Letradas de las Cortes de Aragón también reconoce la inconstitucionalidad de la ley y la legitimidad de la Comunidad Autónoma para interponer el recurso.
La Amnistía: Un Ataque a los Principios Democráticos
Aragón no está solo en su lucha contra la ley de amnistía. Otras once comunidades autónomas han aprobado iniciativas de rechazo a la ley, algunas de ellas también están preparando recursos de inconstitucionalidad.
El Gobierno de Aragón argumenta que la amnistía no está contemplada en la Constitución y que su aprobación requiere una previa reforma constitucional. La amnistía, según el Ejecutivo aragonés, es una función distinta de la potestad legislativa y no puede ser utilizada como una herramienta política para obtener votos.
La fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia empleados para aprobar la ley de amnistía también son considerados inconstitucionales por el Gobierno de Aragón, al no permitir una participación social, institucional y política adecuada en su elaboración. Este argumento también se podría plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En resumen, el Gobierno de Aragón considera que la ley de amnistía es un ataque a la Constitución, al Estado de derecho y a los principios democráticos. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón busca defender los valores que sustentan la convivencia pacífica y el desarrollo democrático en España.
