El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, junto con la solicitud de recusación de varios magistrados del Tribunal Constitucional. La decisión del Partido Popular llega tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de junio.
Este recurso, que se presentará en los próximos días, estará acompañado de la recusación de varios magistrados del Tribunal Constitucional. Feijóo ha argumentado que estos magistrados no deberían participar en el fallo por sus «contaminaciones» derivadas de responsabilidades políticas previas, lo que los «inhabilita» para debatir sobre la ley de amnistía.
Recusación de magistrados del Tribunal Constitucional: una medida para garantizar la imparcialidad
El Partido Popular busca apartar de la deliberación a varios magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo al presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los miembros provenientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Juan Carlos Campo y Laura Díez. Según Feijóo, la recusación de estos magistrados es crucial para garantizar la imparcialidad del fallo.
La postura del PP se basa en la idea de que la presencia de estos magistrados podría influir negativamente en el proceso de revisión de la ley de amnistía. El líder del partido ha expresado su convicción de que la abstención de estos magistrados en la votación proporcionaría una mayor garantía de imparcialidad.
El PP: un partido de Estado que respeta las instituciones, pero cuestiona la composición del Tribunal Constitucional
Feijóo ha enfatizado que el PP es un partido de Estado que respeta las instituciones, incluyendo el Tribunal Constitucional, pero ha dejado claro su desacuerdo con la composición actual del mismo. El líder del partido ha planteado la necesidad de un Tribunal Constitucional libre de influencias políticas, proponiendo que ningún miembro haya tenido responsabilidades políticas en los últimos cinco años, siguiendo la línea del acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio Fiscal.
Si bien el PP reconoce que el Estado de Derecho implica la aceptación de las resoluciones judiciales, considera que la recusación de magistrados es fundamental para asegurar la confianza en el sistema judicial. La recusación, argumenta Feijóo, es una práctica común en otros países cuando se percibe una posible parcialidad en la composición de un tribunal.
