La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha rechazado las diligencias solicitadas por el PSOE y Más Madrid en la causa que investiga a Alberto Amador por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos mercantiles. En un auto dictado el pasado 31 de julio, la magistrada desestimó las peticiones de la acusación popular, que consideraban que los hechos investigados podrían no limitarse a los delitos en cuestión.
Las solicitudes del PSOE y Más Madrid incluían diligencias como investigar la relación empresarial de Alberto Amador con Quirón, analizar sus cuentas de 2019 a 2022 y que aportara la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024. Según la acusación popular, habría indicios de más delitos que requerirían una ampliación de la investigación, como delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.
Los Argumentos de la Jueza
La jueza considera que «muchas de las diligencias solicitadas pueden resultar innecesarias» al tratarse de hechos que «pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración». Además, entiende que otras diligencias pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del procedimiento.
En cuanto a los hechos que pudieran ser conexos, la magistrada señala que la práctica de las diligencias interesadas supondría una «excesiva complejidad y dilación en el procedimiento» que «lo alargaría durante varios años», impidiendo el «pronto enjuiciamiento exigido» por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Foco de la Investigación
La investigación contra el novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021, y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Según el auto de apertura de diligencias, estas conductas habrían supuesto dejar de ingresar a la Hacienda Pública 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021 por el Impuesto de Sociedades.
