Dos años y medio después del comienzo de la legislatura, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra en la posición que consideraba «más razonable» para gobernar la región. Tras la ruptura de la coalición con Vox el pasado mes de julio, Mañueco se ha comprometido a dialogar con todos los partidos políticos y buscar acuerdos que beneficien a Castilla y León.
En una rueda de prensa celebrada en Valladolid, Mañueco ha hecho hincapié en que su prioridad es cumplir los compromisos adquiridos en el Debate de la Comunidad, especialmente en materia de vivienda, y avanzar en todo aquello que sea beneficioso para la región. Además, ha ratificado su intención de presentar los presupuestos de 2025 en tiempo y forma, tal y como marca el Estatuto de Autonomía.
La Batalla Contra los «Privilegios» Fiscales
El presidente de la Junta ha anunciado que en el próximo pleno del Parlamento autonómico presentará una proposición no de ley para fijar la posición del Gobierno regional en la lucha contra la financiación singular, a la que se refiere con términos como «quita de deuda», «cupo», «concierto» o «trato preferente. Mañueco ha criticado duramente estas medidas, afirmando que «lo que quiere hacer el Gobierno de Sánchez es robar a Castilla y León«.
En este sentido, el dirigente popular ha ratificado que el Ejecutivo autonómico acudirá a los tribunales, ya sea al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para defender la igualdad entre todos los españoles y evitar cualquier privilegio económico que pueda quebrantar el Estado de Derecho.
Un Modelo de Financiación Justo y Solidario
Fernández Mañueco ha insistido en la necesidad de poner encima de la mesa un modelo de financiación que no rompa con el principio de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre los territorios. Para el presidente de la Junta, la caja común de igualdad debe garantizar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la atención a las personas mayores y dependientes, «y no para sostener a Sánchez en el Gobierno de España».
Finalmente, Mañueco ha anunciado que el 10 de septiembre la Junta de Castilla y León presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía, que considera una muestra de la «impunidad que Sánchez ofrece a sus socios de Gobierno».
