Canarias se encuentra en una situación límite debido a la presión migratoria que soporta. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha alertado sobre la incapacidad del territorio para afrontar en solitario la llegada de inmigrantes, exigiendo al Gobierno central una solución que implique a todo el país.
Clavijo ha expresado su frustración ante la falta de respuesta del Gobierno de España, señalando que lleva al menos un año pidiendo una solución sin obtener respuesta alguna. La situación se ha vuelto insostenible, y el presidente canario ha advertido que la comunidad autónoma no puede seguir soportando la presión migratoria en solitario.
La defensa de los derechos de los menores migrantes
El Gobierno de Canarias ha anunciado posibles acciones administrativas y jurídicas para cuestionar la responsabilidad de la comunidad autónoma en la tutela de los menores migrantes no acompañados. Clavijo ha asegurado que la defensa del derecho de los menores es primordial, pero también es necesario proteger la situación de Canarias.
El argumento central de la posible acción legal se basa en la situación en la que los menores llegan a las islas. Al ser rescatados por las autoridades del Estado, Salvamento Marítimo y Policía Nacional, no se encuentran en situación de abandono o desamparo, lo que según la ley del 96, no hace obligatoria la tutela de la comunidad autónoma.
La exigencia de una solución nacional
La decisión de Canarias de buscar una solución a través de la vía judicial no es una medida tomada a la ligera. Se trata de una acción desesperada ante la inacción del Gobierno central, que parece no comprender la gravedad de la situación en las islas.
El presidente Clavijo ha destacado que Canarias tiene bajo su tutela actualmente más de 6.000 menores. Si se repartieran los menores migrantes por cuota de población entre todas las regiones, a las islas le corresponderían 732 menores, una cifra que la comunidad autónoma estaría en capacidad de gestionar. Sin embargo, la situación actual sobrepasa con creces las capacidades de Canarias, y la única solución viable es una acción coordinada y efectiva del Gobierno central para aliviar la carga que soporta la comunidad autónoma.
