La justicia española ha emitido un fallo contundente en un caso que ha conmocionado a la opinión pública. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la condena a 15 años de cárcel impuesta a una cuidadora por casi matar a un bebé, quien estuvo ingresado varias veces en el Hospital de La Paz de la capital por las graves lesiones ocasionadas.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la protección de los menores y la necesidad de que los servicios de cuidado infantil cuenten con profesionales debidamente capacitados y con antecedentes verificados. La seguridad y el bienestar de los niños deben ser siempre la máxima prioridad.
TRIBUNAL RATIFICA CONDENA POR INTENTO DE ASESINATO
La sentencia emitida por el TSJM desestima el recurso interpuesto por la defensa de la cuidadora, quien reiteraba que los hechos fueran calificados de lesiones imprudentes. Sin embargo, la Sala avala los informes forenses que determinaron que los golpes craneales le podrían haber llevado a la muerte de no haber actuado antes de las 72 horas. Además, la defensa reclamaba la repetición del juicio al no constar la declaración de los hermanos de la víctima, pero esta solicitud también fue denegada.
Durante el juicio, la condenada manifestó que no era una maltratadora y menos una «asesina» de niños. Además, culpó a los hermanos de la pequeña de los golpes, afirmando que eran «muy brutos«. Sin embargo, los informes médicos y la evidencia presentada refutaron esta versión, demostrando que las lesiones correspondían a una precipitación desde una altura mayor a la de una cuna o el suelo.
Los magistrados de la Audiencia señalaron que «las lesiones ocasionadas a la menor por la acción dolosa de la procesada supusieron un riesgo vital para la menor y así lo expusieron tanto los médicos que atendieron a la menor, como los médicos forenses en el plenario, siendo indiferente, para ello, que no fuera necesaria la intervención quirúrgica«. Además, agregaron que «la procesada no sólo conoció la elevada probabilidad de causar la muerte a la menor con su conducta, aceptando tal resultado para el caso que se produjese, sino que, además, realizó sus actos siendo conocedora de que la víctima no podía defenderse de modo alguno, encontrándonos por tanto ante una tentativa de asesinato«.
PADRES DENUNCIAN EPISODIOS VIOLENTOS DESDE 2017
El procedimiento se inició a instancias de una denuncia presentada por los padres en 2018, tras varios episodios violentos detectados a partir de 2017 en los que la niña resultó herida de gravedad durante sus cuidados en el piso familiar ubicado en Pinar de Chamartín.
Los médicos que realizaron un TAC a la niña como consecuencia del traumatismo craneaoencefálico que sufrió en una ocasión certificaron la gravedad de las lesiones. La pequeña ingresó varias veces en el hospital por diferentes incidentes con la niñera.
La madre relató que en uno de esos presuntos episodios de maltrato, se encontró a su hija llorando en la cuna con un chichón en la cabeza. A las horas, la tuvo que llevar a urgencias al tener la cara hinchada y la oreja deformada. En esta ocasión, presentaba un grave traumatismo craneoencefálico con desplazamiento del pabellón auricular por una posible hemorragia interna severa.
Fueron los propios médicos quienes alertaron de que los golpes no eran propios de una caída desde una cuna sino que habían sido infringidos con fuerza desde una altura mayor. Tras ello, despidieron a la cuidadora y pusieron el asunto en manos de su abogado por posible maltrato.
CONDENA DE 15 AÑOS DE CÁRCEL Y 6 DE LIBERTAD VIGILADA
En resumen, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la condena a 15 años de cárcel impuesta a la cuidadora por un delito de asesinato en grado de tentativa, así como la pena a seis años de libertad vigilada.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la formación y verificación de antecedentes del personal que se encarga del cuidado de menores, así como la necesidad de un mayor seguimiento y supervisión de estas actividades por parte de las autoridades competentes.
Asimismo, es crucial que los padres y familiares estén atentos a cualquier señal de maltrato y no duden en denunciar situaciones sospechosas, para evitar que se repitan tragedias como esta. La protección de los niños debe ser una prioridad absoluta para la sociedad y las instituciones.