El debate sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, se ha intensificado en los últimos meses. La necesidad de encontrar una solución al problema de la migración y la presión migratoria que sufren algunas comunidades como Ceuta y Canarias, ha generado un debate político complejo y lleno de tensiones.
Es crucial encontrar un punto de encuentro entre las diferentes posturas políticas para lograr una reforma que sea justa y eficiente, que proteja los derechos de los menores migrantes y que garantice una distribución equitativa de la responsabilidad entre las comunidades autónomas.
El Debate sobre la Reforma del Artículo 35: Un Conflicto de Intereses
La propuesta de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería ha generado diferentes reacciones en el ámbito político. Mientras algunos partidos, como el PSOE, se muestran a favor de la reforma como una medida necesaria para gestionar la migración de forma más equilibrada, otros, como el PP, han mostrado resistencias y diferentes posturas al respecto.
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado a la Comunidad de Madrid de ser la principal responsable del bloqueo de la reforma, argumentando que la comunidad madrileña no tiene costas y no se ve directamente afectada por la migración por vía marítima. Sin embargo, el PP ha defendido que la reforma no es una solución eficaz al problema de la migración y que debe priorizarse la cooperación entre las comunidades autónomas. La postura del PP se ha visto dividida, con algunos miembros expresando su apoyo a la reforma y otros mostrándose reticentes a la misma.
La Necesidad de un Acuerdo Político para la Reforma del Artículo 35
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería requiere un amplio consenso político para su aprobación. Es necesario un diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas políticas para encontrar un punto de encuentro que permita avanzar en la búsqueda de una solución justa y eficaz para la migración de menores.
Las urgencias de comunidades como Ceuta y Canarias requieren una respuesta inmediata y eficiente. Sin embargo, no se puede buscar una solución apresurada que no tenga en cuenta las necesidades de todas las comunidades autónomas. Es fundamental que la reforma del artículo 35 sea consensuada y que se tenga en cuenta la realidad de cada territorio.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería debe ser una oportunidad para abordar el problema de la migración de forma integral, con un enfoque que garantice los derechos de los menores migrantes y que fomente la cooperación y la solidaridad entre las comunidades autónomas.
MADRID, 6 (EUROPA PRESS) El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que existe «debate interno» en el seno del PP sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitiría el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, pero responsabiliza a la Comunidad de Madrid del rechazo a apoyar la modificación. «El problema está en que lo necesita Madrid y Madrid no tiene costa», ha argumentado Torres en una entrevista en Radio Televisiòn Canarias recogida por Europa Press al ser preguntado por una posible brecha en el PP tras la manifestaciones del presidente de Murcia, Fernando López Miras, en las que se ha expresado a favor de reformar la ley y exigir a todos los mismos esfuerzos de acogida. Torres se ha referido a las comunidades de Baleares, Murcia y Andalucía «en donde gobierna el PP y saben que la van a necesitar (la reforma)», pero ha reconocido que enla Comunidad de Madrid, hay otro discurso por parte de su presidenta». «Se vió cuando el presidente de Canarias anunció que había comunidades que estaban dispuestas a acoger más menores como Castilla y León o Galicia y algunos dijeron que eso no era así, que ni siquiera habían hablado con ellos», ha recordado Torres. Y ha insistido en que a Madrid «no va a llegar nunca un inmigrante en patera» pero si «a las costas de Andalucía, Baleares, Murcia y de la Comunidad Valenciana». Pese a ello, Torres ha apostado por «apartarse de la polémica» y «rebajar la crispación porque la crispación no ayuda». «Si la cuestión es buscar culpas, no modificaremos el artículo 35, e ir a un conflicto jurídico, todo el mundo lo sabe, es tiempo, años, con recursos y con un fin que no se conoce». El titular de Política Territorial ha admitido que «las urgencias a veces pueden cegar en enfrentamiento, pero no las va a resolver» y la pretensión del ejecutivo es «resolverlas». En su opinión es «fundamental» el apoyo del Partido Popular para reformar el Reglamento, porque «si se aprueba y 12 comunidades no apoyan la distribución, saldría adelante con muchas dificultades». Ante las urgencias de Ceuta y Canarias para buscar una solución a la presión migratoria que soportan, Torres se ha preguntado «por qué si esto es urgente no se aprueba el texto en el que se trabajó durante ocho meses abierto a las propuestas del PP». «»Que alguien responda», ha exigido. En su opinión, existe «mucha demagogia» al respecto, porque si el PP «llama hoy y dice que aprueba el texto negociado, se resolvió la urgencia». Torres ha rechazado que la postura del Gobierno de Pedro Sánchez pudiese ser distinta si las pateras estuvieran llegando a Barcelona al ser preguntado por el rechazo de Cataluña al reparto de migrantes. En este sentido, el ministro ha precisado que la oposición al acuerdo es de Junts y partidos catalanes como el PSC o ERC han expresado su apoyo a cambiar el artículo 35 de Extranjería. «Vamos a poner las cosas en su lugar», ha añadido el ministro.
