La noticia trata sobre la controversia generada por el cobro de tasas portuarias impuesto por la Generalitat Valenciana a las embarcaciones de rescate de migrantes operadas por organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro. Esta medida es calificada por los manifestantes como «ilegal» y un «obstáculo» para salvar vidas en el Mediterráneo, retrocediendo en la defensa de los derechos humanos.
La ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) lidera la protesta, advirtiendo que esta «inseguridad jurídica» pone en duda la continuidad de sus operaciones en la Comunidad Valenciana. Además, se resalta el impacto económico positivo que genera la presencia del barco ‘Aita Mari’ en el Puerto de Burriana.
Impacto de las Tasas Portuarias en las Operaciones de Rescate
La Generalitat Valenciana ha impuesto recientemente el cobro de tasas portuarias a los barcos de rescate de migrantes, como el ‘Aita Mari’ operado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH). Según esta organización, las embarcaciones de ayuda humanitaria legalmente constituidas y sin ánimo de lucro están «exentas» de este pago.
SMH considera que «Imponer las tasas a los barcos de rescate es poner obstáculos para salvar vidas en el Mediterráneo y, por tanto, supone un retroceso en la defensa de los derechos humanos». Además, la ONG advierte que la liquidación de estas tasas con efecto retroactivo, como la reclamación de 63.300 euros al ‘Aita Mari’, supone un «gasto inesperado» y un «quebranto importante» en sus cuentas.
El coordinador de SMH, Íñigo Mijangos, ha manifestado que, a pesar de esperar que los tribunales les «den la razón», de momento «tienen que pagar las tasas. Esta incertidumbre jurídica ha llevado a la ONG a considerar seriamente la posibilidad de dejar de operar en la Comunidad Valenciana.
Impacto Económico en las Comunidades Locales
Más allá del impacto en las operaciones de rescate, la presencia del barco ‘Aita Mari’ en el Puerto de Burriana (Castellón) ha generado un importante impacto económico en la zona. Según Anna Agustí, de L’Aurora Grup de Suport, la actividad del barco ha beneficiado a diversos negocios locales, como restaurantes, estancos, bares y ferreterías, que se aprovisionan de los suministros necesarios para la embarcación.
Agustí destaca que «Ha generado toda una economía alrededor de nuestros pueblos, a todos los niveles, de proveedores de todo tipo. Cada barco que sale de aquí sale con toneladas de cosas, de comida y de muchísimo equipamiento». Por lo tanto, las tasas impuestas por la Generalitat también podrían poner en riesgo esta actividad económica local.
Conclusión
La controversia generada por el cobro de tasas portuarias a los barcos de rescate de migrantes operados por organizaciones humanitarias como SMH pone en duda la continuidad de estas operaciones en la Comunidad Valenciana. La ONG considera que esta medida es «ilegal» y un «obstáculo» para salvar vidas en el Mediterráneo, lo que supondría un retroceso en la defensa de los derechos humanos.
Además, esta «inseguridad jurídica» genera un impacto económico negativo, no solo en las cuentas de la propia organización, sino también en las comunidades locales que se benefician de la presencia de estos barcos de rescate. Por lo tanto, esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de las actividades humanitarias en la región.
