La lucha por hacer justicia y acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España es una batalla ardua y compleja que se ha librado durante décadas. A pesar de los esfuerzos de diversos grupos y organizaciones, el camino hacia la rendición de cuentas y el reconocimiento de las víctimas sigue siendo escabroso y lleno de obstáculos.
En este contexto, el reciente archivo de la causa abierta por la querella de Julio Pacheco por presuntas torturas sufridas tras su detención en 1975 representa un nuevo revés en esta incesante lucha. La decisión del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid de cerrar el caso por prescripción, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional (TC) en otra querella similar, subraya la complejidad y la falta de avances en el ámbito judicial.
La Insuficiencia de la Ley de Memoria Democrática
El Tribunal Constitucional ha dejado en evidencia que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, no es suficiente para habilitar la investigación de los crímenes franquistas. Según el alto tribunal, esta norma no sustituye su interpretación de los derechos fundamentales, y su contenido es insuficiente para dar respuesta a esta problemática.
Este fallo judicial es un claro reflejo de la persistente impunidad que rodea a los crímenes de la dictadura. La coordinadora CEAQUA, que ha mostrado su absoluta disconformidad con la decisión, ha resaltado que todas las querellas presentadas tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática han sido inadmitidas o archivadas.
El Llamado a la Acción de los Poderes del Estado
Ante este panorama desolador, CEAQUA ha instado tanto al Gobierno como al Poder Legislativo a tomar medidas concretas para revertir este marco de impunidad. Consideran que la responsabilidad en este asunto es compartida por los tres poderes del Estado, y que no basta con culpar exclusivamente al poder judicial.
En este sentido, la coordinadora ha subrayado la necesidad imperiosa de que el Gobierno y las Cortes impulsen medidas legislativas adecuadas para investigar y sancionar los crímenes franquistas, superando las limitaciones de la actual Ley de Memoria Democrática.
La decisión del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid de archivar la causa de Julio Pacheco, a pesar de su valiente testimonio y su esfuerzo por romper el «muro de silencio y de impunidad» que rodea al franquismo, es un duro golpe para quienes luchan por la justicia y la memoria histórica en España. Sin embargo, esta batalla no puede darse por perdida, y es imperativo que los poderes del Estado asuman su responsabilidad y tomen medidas concretas para avanzar en este camino.
