La Audiencia Nacional (AN) se encuentra investigando la presunta ‘criptoestafa’ de la compañía Kuailian. En un reciente auto, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha bloqueado 17 millones de euros en criptomonedas a los investigados por el supuesto fraude piramidal, y ha decidido ampliar la instrucción hasta marzo de 2025 debido a la complejidad del caso.
Bloqueo de Cuentas y Ampliación de la Instrucción
Según el auto, la Exchange OKX, una casa de cambio de criptomonedas con sede en la República de Seychelles, ha bloqueado provisionalmente a petición de la AN lo equivalente a 19,3 millones de dólares (17,5 millones de euros al cambio actual) de varias cuentas de los imputados. El juzgado ha acordado igualmente pedir a ese banco de criptomonedas que mantenga en vigor durante un año las medidas de bloqueo y embargo preventivo sobre esas cuentas virtuales.
Con respecto a la ampliación del plazo de instrucción, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, el juzgado reconoce que ha avanzado «considerablemente», pero argumenta que está investigando una causa «compleja» e incide en la posibilidad de practicar nuevas diligencias que fueran necesarias. La magistrada María Tardón hace además hincapié en que queda por esclarecer el «complejo entramado societario internacional» creado presuntamente por los denunciados y tomar declaración a dos de los principales investigados, Cristian Albeiro y David Ruiz de León, quienes residen en Emiratos Árabes Unidos y tienen órdenes internacionales de detención para su extradición.
Delitos Investigados y Perjudicados Personados
La Audiencia Nacional investiga en esta causa presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y estafa agravada. Hasta el momento, hay 245 perjudicados personados, entre ellos representados por el despacho Aránguez Abogados.
La investigación de la presunta ‘criptoestafa’ de Kuailian se presenta como un caso complejo y de gran magnitud, en el que la Audiencia Nacional ha tomado medidas cautelares como el bloqueo de cuentas y la ampliación del plazo de instrucción para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados. La cooperación judicial internacional será fundamental para avanzar en una investigación que abarca una presunta red criminal de alcance global.
