El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comenzado a ejecutar un plan orquestado en 2019, el desahucio o desalojo de dos viudas y tres policías nacionales jubilados de sus casas en Cádiz. Cuatro años después sólo quedan ya tres familia en el barrio. Se trata de un subinspector jubilado de 86 años y dos policías de 78 años, y 80 años. Además, en la misma colonia vivían dos viudas de policías, una de 75 años, y la madre del primer desahuciado, José María Merino, de 77 años.
José María Merino vivía hasta el pasado lunes en su casa en el número 1 de la calle Alcalde Manuel de la Pinta, hasta que una orden de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) ejecutó un desahucio que tuvo un proceso judicial largo, iniciado de nuevo en 2021, pero que nadie le había notificado a José María hasta que el pasado lunes lo echaron de casa. El padre de José era policía nacional hasta que se jubiló, falleció hace ya unos años y el hijo y su viuda continuaron viviendo en esa casa, ubicada en una casa cuartel de la Policía Nacional donde apenas quedan vecinos, hasta que la madre se tuvo que trasladar por una enfermedad grave. El procedimiento se inició con el epígrafe de «de desahucio administrativo una vez declarada extinguida la ocupación posesoria de la vivienda referenciada para así hacer efectiva la recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida (…)».
DESAHUCIOS PARALIZADOS
Todos los procesos de desahucios iniciados por el ministro Grande-Marlaska se quedaron paralizados a finales de 2019 cuando una vecina, viuda de otro policía, «La orden viene de Madrid y no sabemos ahora por qué, ya que en 2019 se quedó paralizada después de que una vecina les ganase un juicio y el juez le dijese que se podía quedar en su casa», recuerda Merino. Pero en 2021 se reactivaron y se volvió a pedir el desahucio de cinco familias. El mismo abogado que llevaba la causa de Merino recurrió antes del verano en el caso de las otras dos familias, pero no en el de José María, que desconoce las razones por las que no lo hizo. La cuestión es que «según el papel que me enseñaron la sentencia de desahucio no es firme y por tanto, no tendrían derecho a echarme de casa todavía», explica Merino.
Las familias que quedan en la colonia residen allí desde hace más de 45 y 50 años en algunos casos. Eran viviendas que la DGP ponía a disposición de los agentes y mandos trasladados a la ciudad de Cádiz desde otras provincias. «Mi padre era de Sevilla pero fue trasladado a la comisaría de Cádiz y le dieron esa casa. Le cobraban un alquiler que descontaban de la nómina hasta 1984. Cuando dejaron de hacerlo les dijo que ya no se lo cobraban y le dijeron que no importaba, que se olvidara. Nosotros nunca quisimos estar gratis en ningún lado, pero sí pedimos en su momento que nos permitiesen pagar un alquiler y ya está», explicaba Merino.
En 2019 la DGP y el ministro Marlaska ya intentaron el desahucio de los mismos vecinos de la calle Fernández Ladreda, pero se opusieron y acudieron a la prensa que se hizo eco de su caso y de la Justicia que amparó a una viuda. Ante el escándalo mediático que se organizó, el Ministerio de Grande-Marlaska echó marcha atrás y luego vino la pandemia del COVID que paralizó todos estos procedimientos. Pero en 2021 «retomaron el asunto y no sabemos por qué. Lo peor de todo esto es que nadie se sienta con nosotros a explicarnos la causa o darnos alguna solución. Yo les pido que a la gente mayor, como las viudas, les dejen quedarse allí hasta su muerte y no darles disgustos para lo poco que les queda», añade Merino.
Ninguno de los cinco afectados posee obviamente títulos de propiedad, porque no son propietarios, pero pueden acreditar el uso y disfrute de las viviendas porque han pagado el agua y la luz durante las últimas décadas y durante años la DGP les descontó el dinero del alquiler de sus nóminas. «Yo sé que la casa no es mía y tengo que dejarla, pero hombre, me podían haber dejado recoger las cosas, que me he quedado en la calle sin documentación ni nada», explica Merino, que acudió a la comisaría a las 15.46 horas del lunes para interponer denuncia por su desalojo a las nueve de la mañana, «sin que me diera tiempo a recoger mis enseres» y añadió que «pidió a la Policía entrar para recoger sus enseres pero el fue impedido el acceso».
José María recuerda que «en 2019 nos reunimos con el delegado del Gobierno y el comisario de Cádiz y nos dijeron que se podía hacer algo con Asuntos Sociales, pero nunca más se supo de aquello. Conforme los policías se han ido jubilando y las familias han abandonado la colonia la Policía ha cambiado las cerraduras de las otras viviendas, que están vacías, sin que nadie conozca su destino. El suelo es municipal pero las casas son de la Dirección General de la Policía Nacional.
