La vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual las hace especialmente susceptibles a sufrir abusos y agresiones sexuales. Lamentablemente, este tipo de casos siguen ocurriendo con demasiada frecuencia en nuestra sociedad. Sin embargo, es alentador ver que la justicia está reaccionando de manera firme y contundente para proteger a estas víctimas y castigar a los responsables.
El caso que nos ocupa es un claro ejemplo de cómo la ley puede actuar para hacer justicia y enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas aberrantes no serán toleradas. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 13 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a una mujer con discapacidad intelectual, quien era hija de la que era su pareja sentimental en el momento de los hechos.
El Abuso de la Vulnerabilidad
El acusado, de más de 60 años, aprovechaba las ocasiones en las que se quedaba a solas con la mujer para abusar sexualmente de ella, siendo plenamente consciente de su discapacidad y aprovechándose de esta circunstancia. Además, la atemorizaba con pegarla si contaba algo a su madre o a terceras personas.
La víctima, que superaba los 30 años, tenía una «edad mental» de 8 o 9 años, según un informe del equipo psicosocial. Esto la hacía extremadamente vulnerable y dependiente de su agresor, quien claramente abusó de esta situación.
El tribunal consideró que el testimonio de la víctima era creíble y fiable, descartando la «fabulación en el relato de abusos» y reconociendo que su patología mental no entraña un carácter fabulador o fantasioso. Así, concluyó que el acusado «empleaba amenazas y cierta violencia física para vencer la resistencia de la víctima», quien le manifestaba que no quería hacer los actos sexuales, pero aun así era forzada a ello.
Justicia y Protección para la Víctima
La sentencia no solo condena al acusado, sino que también impone medidas para proteger a la víctima a largo plazo. El tribunal le prohíbe comunicarse o acercarse a la mujer a menos de 200 metros durante 14 años, y le impone una medida de libertad vigilada de cinco años a ejecutar tras el cumplimiento de la pena de prisión.
Además, el acusado deberá indemnizar a la mujer con 15.000 euros por los daños morales y psíquicos causados, y se le impone una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 18 años.
Este caso envía un mensaje claro de que la justicia está comprometida con la protección de las personas más vulnerables y que no tolerará abusos de este tipo. Es crucial que sigamos trabajando para crear una sociedad más inclusiva y justa, donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan vivir con dignidad y seguridad.
