La incautación de teléfonos móviles en prisiones gestionadas por el Ministerio del Interior ha experimentado un aumento del 6,48% en 2023 en comparación con el año anterior. Esta situación alarmante pone de manifiesto la constante lucha que enfrentan las autoridades penitenciarias para mantener el control y la seguridad dentro de estos centros.
Según los datos recopilados, la prisión de Madrid III (Valdemoro) se destaca como el centro donde se han incautado un mayor número de terminales, seguido de Albolote (Granada) y Córdoba. Estos números revelan que las prisiones madrileñas y andaluzas son las que presentan una mayor tasa de incautación, con más de 60 móviles por cada 1,000 internos, superando significativamente la media nacional de 51,32 por cada mil internos.
Los Peligros y Desafíos de los Teléfonos Móviles en Prisiones
Los teléfonos móviles dentro de la prisión son objetos prohibidos debido a los peligros que conllevan. Estos dispositivos pueden ser utilizados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia de género, además de generar problemas de seguridad al permitir la captación de imágenes del interior de los centros.
ACAIP-UGT, el sindicato encargado de velar por los intereses de los trabajadores penitenciarios, ha denunciado la «dejadez» de la administración penitenciaria en cuanto a la mejora de las medidas preventivas para el uso de estos terminales. Destacan la falta de modernización de los elementos de seguridad, como inhibidores, en un contexto de más de 3,400 vacantes de funcionarios en los centros penitenciarios.
La Lucha Continua y la Necesidad de Soluciones Efectivas
Según ACAIP-UGT, el uso y presencia de los teléfonos móviles dentro de los centros penitenciarios los convierten en fuentes de conflicto debido al control del mercado negro que se genera. La manera en que estos terminales son introducidos y ocultados es cada vez más sofisticada, incluyendo el uso de drones para realizar entregas puerta a puerta.
A pesar de estos desafíos, ACAIP-UGT resalta la importante labor de los trabajadores penitenciarios que logran localizar estos teléfonos en los lugares más insospechados, como paquetes de galletas o botes de champú. Sin embargo, este sindicato también ha señalado la falta estructural de personal como un factor que complica aún más la situación.
En conclusión, la lucha contra la presencia de teléfonos móviles en prisiones sigue siendo un desafío persistente que requiere de una acción coordinada y soluciones efectivas por parte de las autoridades penitenciarias. La seguridad y el bienestar de los internos, así como del personal penitenciario, deben ser la prioridad en esta constante batalla.
