El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, ha puesto en marcha una acción enérgica en contra del protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias sobre la acogida de menores migrantes que llegan a las islas. Según fuentes del Ministerio, este protocolo «puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España«.
El informe remitido por el Ministerio a la Fiscalía de Menores considera que el protocolo canario viola el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece la protección de los derechos de los niños según los acuerdos internacionales, y no atiende al «interés superior del menor«, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la legislación orgánica española. Además, señalan que supone una «vulneración de los derechos de las personas menores de edad» al limitar su protección en el territorio autonómico.
La Postura del Gobierno de Canarias: Defender el Interés General del Menor
Por su parte, el Gobierno de Canarias defiende el protocolo aprobado, que busca poner fin al «desorden» que ha habido en los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. Este protocolo establece un procedimiento de identificación previa, inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada, con audiencia del menor y presencia de un intérprete.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha advertido que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no acoge a los niños y jóvenes que llegan en patera al archipiélago. Esto evidencia la complejidad y la sensibilidad del tema, donde se enfrentan los derechos de los menores y las capacidades de gestión y acogida de las autoridades autonómicas.
El Papel del Ministerio de Juventud e Infancia y la Necesidad de Una Solución Consensuada
El Ministerio de Juventud e Infancia, al remitir el informe a la Fiscalía, demuestra su firme compromiso con los derechos de la infancia y su determinación por salvaguardar estos derechos, incluso enfrentándose a las decisiones de una comunidad autónoma. Esta acción pone de manifiesto la importancia que el Gobierno central concede a esta cuestión y su voluntad de intervenir para garantizar el cumplimiento de la legislación y los acuerdos internacionales.
Sin embargo, la colaboración institucional y la búsqueda de una solución consensuada entre las autoridades autonómicas y el Gobierno central será fundamental para encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos de los menores y las capacidades reales de acogida de las comunidades autónomas. Solo mediante el diálogo y la coordinación se podrá garantizar el bienestar y la protección de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
