La deuda pública española, un indicador fundamental de la salud económica del país, sigue siendo un tema de gran preocupación. A pesar de una ligera disminución en julio, según datos del Banco de España, la ratio de deuda sobre el PIB se mantiene por encima del 100%, muy por encima del objetivo del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Esta situación, lejos de ser un problema puntual, se presenta como un reto a largo plazo, con la creciente presión del envejecimiento de la población como un factor crucial que amenaza con incrementar la deuda en las próximas décadas.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha expresado su preocupación por la evolución de la deuda pública, advirtiendo de que el impacto del envejecimiento poblacional podría generar una nueva escalada del endeudamiento a finales de esta década. Si bien se espera una estabilización alrededor del 104% en el medio plazo, la creciente presión sobre el sistema de pensiones y otros servicios públicos, producto de una población cada vez más envejecida, provocará una nueva escalada del endeudamiento en el futuro.
El Impacto del Envejecimiento en la Deuda Pública
El envejecimiento de la población es una tendencia demográfica global que está teniendo un impacto significativo en las finanzas públicas de muchos países, y España no es una excepción. La creciente esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad han generado un aumento significativo en la proporción de personas mayores en la población, lo que genera una mayor presión sobre el sistema de pensiones y otros servicios sociales.
La pensión pública es uno de los principales gastos del Estado. A medida que la población envejece, se requiere un mayor gasto para financiar las pensiones de los mayores, lo que genera un aumento del déficit público y, por ende, de la deuda. Además, los servicios de salud, atención a la dependencia y otros programas sociales dirigidos a la población mayor requieren recursos adicionales, lo que también contribuye al aumento del endeudamiento.
Este escenario plantea un desafío importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. El Gobierno se enfrenta a la necesidad de implementar medidas para contener el gasto público, particularmente en el ámbito de las pensiones, y al mismo tiempo, generar los ingresos necesarios para financiar la deuda y los servicios públicos.
La Necesidad de un Plan Fiscal Estructural
Ante este panorama, la AIReF ha destacado la necesidad de que el Plan Fiscal Estructural, que se está negociando actualmente con la Comisión Europea, incluya un ajuste fiscal que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Este plan, con un horizonte de entre 4 y 7,7 años, debe ser lo suficientemente ambicioso como para generar una senda descendente de la deuda incluso en los próximos 10 años, una vez que se hayan superado los efectos del plan inicial.
La elaboración de un plan fiscal sostenible debe considerar diversos factores, incluyendo la búsqueda de un equilibrio entre la reducción del gasto público y la generación de ingresos. En el ámbito del gasto, es necesario optimizar la eficiencia del sistema de pensiones, buscando alternativas a la sostenibilidad del sistema actual, como la promoción del ahorro individual y la flexibilidad en la edad de jubilación.
En términos de ingresos, se requiere una política fiscal que fomente el crecimiento económico y la creación de empleo, así como la lucha contra el fraude fiscal y la optimización de los recursos públicos. La creación de un sistema fiscal más eficiente, con un enfoque en la equidad y la reducción de la evasión fiscal, es crucial para generar los recursos necesarios para financiar la deuda pública y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
En conclusión, la deuda pública española presenta un reto a largo plazo, influenciado por la presión del envejecimiento poblacional. La búsqueda de un plan fiscal estructural, que incorpore medidas para controlar el gasto público y generar los ingresos necesarios, se convierte en una prioridad para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el bienestar social del país.
