La creciente demanda de energía en el contexto de la transición energética exige una reflexión profunda sobre la gestión de los recursos energéticos. En este sentido, la propuesta de Sumar para crear una entidad pública empresarial que gestione las centrales hidroeléctricas del país cobra especial relevancia. Esta iniciativa, que se debatirá en el Pleno del Congreso, busca asegurar la soberanía energética y revertir los beneficios obtenidos en el sector a la ciudadanía.
La propuesta de Sumar se basa en la convicción de que la gestión pública de la generación eléctrica es fundamental para garantizar la independencia energética del país. En un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales y la necesidad de diversificar las fuentes de energía, la gestión pública de las centrales hidroeléctricas se presenta como una herramienta fundamental para alcanzar la soberanía energética.
La Necesidad de un Sector Público Fuerte en la Generación de Energía
La gestión privada de los recursos hidroeléctricos ha generado una serie de controversias relacionadas con la falta de transparencia y la priorización de los beneficios económicos por encima del interés social. Sumar argumenta que la regulación actual no ha sido eficaz para corregir estas malas prácticas, como lo demuestra la absolución de Iberdrola Generación en un caso de manipulación del portfolio de generación para maximizar las ganancias de sus centrales hidroeléctricas.
Para afrontar estos desafíos, Sumar considera que es necesario fortalecer el papel del sector público en la generación de energía. La creación de una empresa pública con autonomía en su gestión permitiría establecer criterios de competencia y transparencia, priorizando el bienestar social por encima de la maximización de beneficios económicos.
Una Propuesta Concreta para la Gestión Pública de las Centrales Hidroeléctricas
La propuesta de Sumar contempla la creación de una entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente, dedicada a la producción de energía eléctrica a través del uso de las aguas. Esta nueva empresa pública podría surgir desde cero o a través de la transformación de Hunosa, perteneciente a la SEPI. Además, se plantea la posibilidad de participación pública de las comunidades autónomas en la gestión de la empresa.
Con el objetivo de asegurar un desarrollo sostenible y una gestión eficiente de los recursos, la propuesta incluye la posibilidad de invertir en nuevas instalaciones de producción de energía, así como la participación mayoritaria en otras empresas ya constituidas para el desarrollo de la actividad de generación de energía. Los beneficios obtenidos por esta empresa pública se destinarían a la ciudadanía, con especial atención a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas.
Para garantizar la transparencia y el seguimiento de la gestión de las concesiones sobre el dominio público hidráulico, Sumar propone que el Gobierno elabore un informe que delimite los vencimientos de las concesiones y analice el cumplimiento de los términos de las mismas. Esta iniciativa, en conjunto con una reforma de la Ley de Aguas, busca establecer un marco legal sólido para una gestión pública eficiente y transparente de las centrales hidroeléctricas en España.
