La gestión de la inmigración irregular en España ha sido un tema de constante debate y preocupación para el Gobierno y la ciudadanía. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido especialmente crítico con las políticas implementadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de destinar una gran cantidad de recursos públicos para atender a los migrantes que han entrado de manera irregular en el país.
Abascal ha señalado que el Gobierno ha empleado 3.000 millones de euros de los contribuyentes españoles para atender a los 57.000 migrantes que entraron en España de forma irregular durante el año 2023. Además, ha criticado que se destinen 20 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan a 400 menores migrantes no acompañados, cuando, en su opinión, «son miles y que serán más».
El Impacto Económico de la Política de Inmigración
El líder de Vox ha cuestionado duramente la asignación de recursos públicos para hacer frente a la inmigración irregular. Según sus declaraciones, el Gobierno ofrece 36.000 euros al año por cada MENA acogido, lo que significa 4,2 millones de euros para pagar los vuelos de los migrantes que llegan al país, además de 170 millones de euros solo en cinco meses para alojarlos en hoteles de toda España.
Abascal ha denunciado que estas cifras elevadas envían un «mensaje peligrosísimo a los cuatro vientos«, ya que podrían generar un «efecto llamada brutal» que termine financiando el plan de marketing de las mafias y el tráfico de personas. Asimismo, ha criticado que el Gobierno haya regalado 300 millones de euros a Mauritania para combatir la inmigración ilegal, lo que, en su opinión, supone «pagar para que vengan y pagar para que no vengan».
Consecuencias Sociales y Llamado a la Acción
El líder de Vox ha denunciado que la política de inmigración del Gobierno afecta a los españoles con pocos recursos que «no llegan a fin de mes», como los autónomos esquilmados, los jóvenes expatriados y los españoles sin vivienda, entre otros. Según Abascal, estas políticas demuestran que el Gobierno tiene «otras prioridades» que no se corresponden con las necesidades de la población.
En respuesta a esta situación, Abascal se ha comprometido a llevar este debate a los parlamentos regionales y a los mil ayuntamientos en los que está Vox, con el objetivo de rechazar la política de inmigración del Gobierno y exigir deportaciones inmediatas de los que han entrado ilegalmente a España. Asimismo, ha planteado que, si se va a utilizar dinero público, este debería destinarse a pagar el billete de vuelta a sus países de origen o a enviarlo a Bruselas, donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva.
