La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha comprometido a desarrollar un reglamento antes de finales de 2025 que sirva para limitar el alquiler de temporada en España. Este reglamento, que se está elaborando en coordinación con el Ministerio de Industria y Turismo, busca dar garantías, seguridad y transparencia a este sector, alineándose con la normativa europea.
Además de este reglamento, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también está trabajando en una plataforma única de contratos temporales, de alojamientos turísticos y de habitaciones, accesible para las administraciones competentes. Esta iniciativa tiene como objetivo combatir el uso fraudulento de este tipo de alquileres, contando con el apoyo de instituciones como el Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría.
Compromiso para Concretar un Reglamento Antes de Finales de 2025
Isabel Rodríguez ha manifestado que el reglamento se está desarrollando «en coherencia con la normativa europea» y que su departamento está trabajando con un grupo de profesionales que conocen a fondo el mercado inmobiliario. Esto permitirá elaborar un reglamento que regule eficazmente este tipo de alquileres y combata el fraude.
Si bien el plazo límite para la implementación de este reglamento es finales de 2026, la ministra ha expresado su compromiso de tenerlo listo antes de finales de 2025. Esto demuestra la urgencia y prioridad que el Gobierno otorga a esta cuestión, buscando dar una respuesta concreta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Llamado a la Responsabilidad y el Rigor de los Grupos Parlamentarios
Rodríguez ha hecho un llamado a los diferentes grupos parlamentarios para que aborden esta problemática con seriedad y rigor, atendiendo a las principales inquietudes de la población. Según la ministra, los grupos deberían «hacerse responsables y trabajar con seriedad» para dar una solución efectiva al fraude y los abusos en el alquiler de temporada.
Esta posición refleja la necesidad de contar con el apoyo y la colaboración de todas las fuerzas políticas para lograr una regulación que brinde seguridad jurídica y transparencia a un sector que ha sido objeto de crecientes preocupaciones en los últimos años. Solo a través de este esfuerzo conjunto se podrá alcanzar una solución integral y duradera.
